En Euskadi cientos de mujeres víctimas de la violencia machista reciben como postre al maltrato una situación de penuria económica derivada del impago, por parte de sus exparejas, de las pensiones compensatorias y por hijos. En vista de la frecuencia con la que esto ocurre, el Gobierno vasco pretende crear un fondo para garantizar el cobro de esas cantidades, que luego le serán reclamadas por vía judicial a quien está obligado a pagarlas.
La iniciativa está contemplada en el anteproyecto de la 'Ley vasca de atención y recuperación integral de las víctimas de la violencia contra las mujeres', que llegará al Parlamento de Vitoria en junio. Los ajustes realizados en este texto sobre la redacción inicial anunciada el pasado mes de octubre fueron presentados ayer en Bilbao por el consejero de Interior, Rodolfo Ares, y la directora de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, Mariola Serrano.
Una de esas novedades es precisamente la creación de un «fondo de garantía de pensiones compensatorias y alimentos», explicó Serrano. El objetivo es «garantizar mediante un sistema de anticipos a cuenta el pago de pensiones» reconocidas a las mujeres o a los hijos menores de edad «en el convenio judicialmente aprobado». De ese modo, se pretende «atajar la sangría de mujeres víctimas de violencia machista que deben afrontar graves penurias económicas a la espera de que sus exparejas contribuyan a su abono». Lo que hará la ley será recoger esta voluntad, aunque el funcionamiento del sistema y la cantidad con la que estará dotado el fondo llegará en posteriores desarrollos reglamentarios.
Además, el consejero y la directora quisieron salir ayer al paso de las duras críticas suscitadas por el texto hecho público en octubre, rechazado tanto por las tres diputaciones como por colectivos feministas. Especialmente antiestético fue el enfrentamiento por cuestiones competenciales entre la Dirección de atención a las víctimas (dependiente de Interior) y el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde, organismo autónomo adscrito a Lehendakaritza). El principal motivo del rechazo a la norma era que, supuestamente, se separaban las políticas de igualdad de las dirigidas a combatir la violencia machista, es decir, las causas de los efectos. Y también, decían los críticos, se vaciaba de contenido a Emakunde para otorgar más poder a la dirección de Mariola Serrano.
Sin rencores
Ambos extremos fueron desmentidos de manera tajante por el Gobierno vasco. Ares aseguró que la ley tiene como «objetivo básico y prioritario garantizar derechos, reforzar y ampliar recursos» para ayudar y proteger a las víctimas. «Es radicalmente falso que esta ley pretenda una separación entre las políticas destinadas a combatir la violencia de género y las políticas de igualdad», añadió. Al fin y al cabo, recordó que el maltrato «hunde sus raíces» en la desigualdad entre hombres y mujeres. También anotó Ares que el borrador presentado en octubre ha sufrido varias modificaciones fruto precisamente de las «sugerencias y aportaciones» recibidas en los últimos meses.
El consejero aseguró que la norma «respeta y apoya» las competencias de Emakunde. De hecho, la directora de esta institución, que no compareció junto con Ares y Serrano, sí se pronunció en una nota de prensa en el sentido de reconocer que la ley «no atenta contra la distribución competencial del Gobierno en esta materia». También destacó que no hay divergencias en el seno del Ejecutivo sobre el hecho indiscutible de que las políticas sobre violencia de género deben ir de la mano de las políticas de igualdad. A su vez, la directora de atención a las víctimas quiso minimizar el conflicto con Emakunde asegurando que «en ningún caso» se han puesto en cuestión o modificado sus competencias.
En cuanto al contenido concreto del anteproyecto de ley, Mariola Serrano justificó su oportunidad en la necesidad de cubrir el «vacío legal» de la actual regulación. En estos momentos la legislación «sólo da cobertura» a las mujeres que son víctimas de la violencia machista en el ámbito de la pareja o expareja y, «sólo en algunos casos, a las que son víctimas de agresiones sexuales». En la normativa que se está preparando también se incluye a las afectadas por la trata de mujeres y niñas, matrimonios forzados, mutilación genital y todo el conjunto de delitos contra la libertad sexual.
El anteproyecto facilita el acceso a prestaciones, regulariza derechos en materia de vivienda, educación, acogida y sanidad, entre otros aspectos. También se incluye a las personas transexuales como víctimas de la violencia machista y se determina que la Administración se personará en los procesos penales que se inicien para perseguir delitos de esta naturaleza.
