«¿Dónde están los ayuntamientos?, ¿dónde están las diputaciones? A día de hoy, ninguna institución en Euskadi, salvo el Gobierno vasco, ha puesto medios materiales y humanos a disposición de los afectados por los casos de los bebés robados». La portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Idoia Mendia, replicaba así ayer a la parlamentaria del PNV Ane Urkiola, quien expresó cierto desencanto con el Gabinete de Patxi López en esta materia porque «me esperaba más».
«Usted puede ver la botella medio llena o medio vacía, pero el Gobierno vasco ha puesto a disposición de las asociaciones todos los medios de asistencia y orientación jurídica que puede facilitar. Un funcionario vasco con autorización judicial, porque se necesita autorización, ha investigado los archivos de los registros civiles. Se ha atendido a 31 personas en la oficina de víctimas, existe una ventanilla única para las familias afectadas y se ofrece una perfecta coordinación entre los departamentos para una mayor y más rápida respuesta a los tribunales», resaltó Mendia.
En contraste con la actuación de la Administración autonómica, la consejera se refirió a la pasividad del resto de instituciones vascas en esta cuestión. En concreto, sugirió que los ayuntamientos y las diputaciones podían al menos poner recursos materiales, como locales, y humanos a disposición de las asociaciones de afectados.
La consejera socialista informó también de que el lehendakari recibirá, la próxima semana, a la presidenta de la de la asociación SOS Bebés Robados de Euskadi, Flor Díaz, después de haberse reunido ya con los representantes de la otra asociación, Anadir. «Este Gobierno está haciendo más que ningún otro en España para tratar de aclarar lo ocurrido y Euskadi -concluyó- está a la cabeza de las investigaciones. Aquí se han archivado pocos casos».
Más de 600 casos
Mientras la portavoz detallaba la actuación del Gabinete López para colaborar con las más de 600 familias afectadas por el robo de recién nacidos entre los años 1940 y 1990, las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaban una resolución en la que instan a la Diputación y los ayuntamientos de este territorio, y también al Gobierno vasco, a «colaborar y financiar» a las asociaciones de víctimas de una presunta trama que facilitaba las adopciones irregulares.
De todos los casos que pudieron darse en el País Vasco, 320 corresponden a Gipuzkoa, donde se han interpuesto 200 denuncias y 128 están en proceso judicial. En las tres exhumaciones llevadas a cabo -en los cementerios guipuzcoanos de Polloe e Intxaurrondo y en el vizcaíno de Derio- no se han encontrado restos de ningún cadáver de recién nacido. Ante estos resultados, la Cámara foral de Gipuzkoa ha decidido crear una comisión para hacer seguimiento de las investigaciones que se lleven a cabo para, en el caso de que alguna de esas actuaciones derive en la apertura de juicio, personarse como acusación particular.
También el Parlamento vasco creará una comisión 'ad hoc'. El PP anunció ayer que cuenta con el respaldo del PSE, del PNV y de IU a una propuesta que ha presentado con este objetivo y que deberá ser debatida y aprobada por el pleno de la Cámara de Vitoria, al igual que otra iniciativa en el mismo sentido impulsada por EA.
Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, se ha comprometido a reunirse todos los meses con los afectados. El primero de los encuentros tuvo lugar ayer, día que recibió a los representantes de cuatro asociaciones. Los portavoces de los colectivos le plantearon la necesidad de crear una comisión de investigación porque «el Estado todavía no ha hecho nada».
