Los jueces vascos dejarán de llevar escolta a partir del próximo martes. Como ya anticipó EL CORREO la pasada semana, los gobiernos central y vasco comunicaron ayer de forma oficial la retirada de la protección individual a los más de 80 magistrados y fiscales que contaban con ella. Sólo la mantendrá la cúpula judicial y fiscal; una docena de cargos que incluye al presidente del Tribunal Superior, los presidentes de Sala de esta institución, los máximos responsables de las tres audiencias provinciales, además del juez decano de Bilbao y el de vigilancia penitenciaria, del fiscal superior y de los fiscales jefe. El drástico recorte fue comunicado en una reunión que se celebró ayer en el Palacio de Justicia de Bilbao y contó con la presencia del consejero Rodolfo Ares y el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo.
Horas antes de ese encuentro, el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra, había reconocido en una conferencia que entendía la rebaja en la «intensidad» de la protección, pero subrayó la necesidad de proteger al juez de vigilancia penitenciaria. En su opinión, desde la izquierda abertzale «se están lanzando mensajes que no corresponden con la realidad jurídica» cuando se apela a la «amnistía, indultos generales o aplicaciones del reglamento penitenciario que obligarían a cambiar la Constitución». Algo que, advirtió Ibarra, puede generar «frustración» al no poderse aplicar esas medidas, que a su vez podría tener un «eco» sobre la Administración de Justicia, que tiene que decidir sobre los recursos al tratamiento penitenciario.
