El Gobierno Rajoy cumplió ayer uno de sus propósitos con la aprobación de una reforma laboral que modifica sustancialmente la situación precedente y desborda, desde la responsabilidad gubernamental, el estrecho cauce establecido en el diálogo social entre empresarios y sindicatos. Su resuelta actitud forma parte de los compromisos adquiridos ante las instancias europeas e internacionales y ante los mercados. Pero queda por ver si tan drásticos cambios contribuyen o no a la gestación de un modelo más productivo y competitivo en España, aunque sea a medio plazo. El abaratamiento de los supuestos de despido -especialmente en la modalidad del 'procedente' por pérdidas o caídas de ingresos durante tres trimestres- y la relevancia que adquiere el ámbito de empresa en la negociación colectiva demuestran que el Gobierno ha asumido una responsabilidad que va mucho más allá de un arbitraje corrector del diálogo social. La ministra de Empleo quiso dejar claro que el cambio normativo no será suficiente para combatir el paro. Pero se trata de una reforma de tal calado que ni el Gobierno ni los sectores más satisfechos con su contenido podrán eludir la prueba a la que el contador mensual de parados les someta como evaluación continuada de sus efectos reales. En un examen general de la iniciativa parece evidente que el Gobierno ha optado por facilitar el despido de trabajadores en las empresas con dificultades al tiempo que incentiva la contratación de los más jóvenes. Se trata de un juego de compensaciones cuyas consecuencias dependen en tal medida de la evolución de la economía española, de los cambios de paradigma laboral que estén experimentando las compañías y de la disposición de las personas cuya empleabilidad se vea estimulada, que su resultado acrecienta el catálogo de incertidumbres. El riesgo de que la balanza de la reforma acabe desequilibrada parece notorio. Este año y el próximo describen en las previsiones una clara recesión que daría paso a una recuperación muy tenue, mientras que los pronósticos sobre el desempleo dibujan una línea ascendente e ininterrumpida. En el mejor de los casos durante 2012 y 2013 toda la trama productiva mantendrá, aunque a la baja, un volumen dado de empleo. De manera que no sería aventurado pensar que los efectos de la reforma podrían dar lugar al relevo más o menos masivo de trabajadores actuales por jóvenes aspirantes a ocupar su lugar.
Horizonte incierto
Esa hipótesis de 'suma cero' social desahogaría sin duda los balances de las empresas y su competitividad, dado que los costes salariales se verían rebajados. Pero en todo caso sería el más optimista de los supuestos sobre los efectos que hoy cabe predecir de la reforma, puesto que la confluencia entre la recesión prevista y las políticas de austeridad pública impide barajar la hipótesis de un incremento del volumen total de puestos de trabajo a cuenta del decreto-ley aprobado ayer. En una visión cíclica del devenir económico, el diseño de la reforma se muestra proclive a facilitar el ajuste de plantillas en la recesión y a estimular la generación de puestos de trabajo en la reactivación. Pero el horizonte del crecimiento económico se vislumbra tan lejano e incierto en cuanto al modelo productivo que resulte de la crisis que es obligado resaltar el compromiso político asumido por el Ejecutivo con la reforma y el que asumen las empresas cuyos representantes secundan las medidas adoptadas ayer.
