Nunca desde que en 1973 el Supremo legalizó el aborto se había visto en EE UU una reacción tan iracunda de la Iglesia católica, que en este país agrupa al 24% de la población. Entonces tardó años en responder coordinadamente, pero esta vez llevaba tiempo preparando una respuesta al capítulo de la reforma sanitaria que obligará a las instituciones afiliadas a las iglesias a proporcionar anticonceptivos en los planes médicos. Su ataque ha prendido en la campaña electoral con tanta virulencia que ha obligado a la Casa Blanca a buscar «una solución de compromiso» que la Conferencia Episcopal ha considerado «una nueva oportunidad para el diálogo».
«La decisión de hoy (por ayer) de revisar cómo los individuos pueden obtener servicios que son moralmente reprobables para las entidades religiosas y la gente de fe es un primer paso en la dirección correcta», escribió en un comunicado el cardenal Timothy Dolan.
Obama compareció ayer para explicar la provisión de la Ley de Cuidados Preventivos que obliga a los empleadores que ofrezcan seguro médico a proporcionar gratuitamente chequeos, mamografías, vacunas y otros servicios preventivos «porque ahorran vidas y dinero», recordó. Se incluyeron también anticonceptivos «porque además de usarse para planificación familiar a menudo son recetados para reducir riesgos de cánceres de ovario y de otros tipos».
La ley contempla la excepcionalidad de las iglesias por motivos de conciencia, pero no a los hospitales, colegios, universidades y organizaciones de caridad que emplean a una variedad de trabajadores que no necesariamente comparten sus ideas. Obama sostiene que «la salud de las mujeres no puede depender de dónde trabajan». Ayer dio la opción de que estas instituciones ligadas a las iglesias no tengan que asumir el coste de la cláusula, sino que deriven a sus empleados a un seguro médico que ya lo proporcione gratuitamente en su cobertura.
«Un engaño contable»
El gesto solo ha contentado a las organizaciones religiosas moderadas que apoyan al presidente, y a los miembros de su propio partido que se sentían incómodos forzando a las iglesias a pagar por algo que viola sus ideas, pero no a los más conservadores. Luke Goodrich, director del Fondo Becket que apoya las tres demandas interpuestas contra la ley, calificó el anuncio de mero «engaño contable».
El presidente recordó en su discurso que, según los estudios, casi el 99% de las mujeres de EE UU han utilizado anticonceptivos alguna vez, y más de la mitad de las menores de 34 años han pasado apuros para financiárselo. Una encuesta del Instituto Público de Investigaciones Religiosas de Washington revela que el 52% de los católicos cree que incluso las instituciones afiliadas a las iglesias deben proporcionar anticonceptivos.
