La falta de entusiasmo y el escepticismo, cuando no el más absoluto rechazo, dominaron las primeras valoraciones de urgencia sobre la reforma laboral aprobada ayer por Decreto Ley por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo vasco, a través de un comunicado del Departamento de Empleo que dirige Gemma Zabaleta, subrayó que la normativa «reduce claramente derechos laborales y facilita y abarata el despido», y advirtió: «Restringir los derechos de los trabajadores no es el camino para crear empleo».
«¿Qué empresa desde que ha comenzado la crisis no arrastra tres trimestres de disminución de ingresos por ventas?», se pregunta la consejería tras denunciar que a partir de ahora todos los despidos van a poder ser calificados como objetivos. Es su mayor preocupación, pero no la única: la ampliación del periodo de prueba a un año, el cese de la ultraactividad de los convenios, la prioridad del convenio de empresa sobre cualquier otro...
También el PNV acogió la modificación con «extraordinaria reserva y prevención», aunque en su caso les inquieta especialmente que «supone una recentralización en toda regla de la negociación colectiva», según el portavoz parlamentario, Josu Erkoreka. Para el PNV, ese será un «obstáculo insuperable» para su partido durante el debate parlamentario. Incluso CiU, que por boca de su portavoz Josep Antoni Duran Lleida admitió que la modificación está «bien orientada» y es «necesaria», vaticinó que no servirá para crear empleo a corto plazo y que deberá ir acompañada de «un plan de choque contra el paro».
Dudas sobre la legalidad
Las formaciones de izquierdas pusieron el acento en el recorte de los derechos de los trabajadores que supone la reforma. El socialista Jesús Caldera criticó el abaratamiento del despido y dudó incluso de que sea legal y constitucional rebajar la indemnización de 45 a 33 días para los contratos indefinidos. Por su parte, el coordinador general de IU, Cayo Lara, auguró más despidos y más precariedad, por lo que llamó a la movilización ciudadana a fin de «parar este nuevo entuerto».
A estas voces críticas se unieron las de ERC, BNG, Compromís, UPyD y Amaiur, mientras que desde el PP, la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Elvira Rodríguez, justificó la reforma para que «no se destruya tejido empresarial».
