El Parlamento vasco acordó ayer la eliminación de las sanciones contempladas hasta ahora en la normativa para aquellas grandes empresas y comercios que no atiendan en euskera. Como ya adelantó este periódico, PSE-EE, PP y UPyD unieron sus votos, mayoritarios en la Cámara, para aprobar una proposición socialista que modifica el régimen sancionador contemplado en la ley de las personas consumidoras y usuarias, aprobada por el Gobierno de Ibarretxe.
PNV, Aralar, EA y Ezker Anintza-IU rechazaron la iniciativa por considerar que vulnera los derechos lingüísticos de los ciudadanos de ser atendidos en los dos idiomas y supone un paso atrás en la normalización del uso del euskera. La parlamentaria jeltzale Garbiñe Mendizabal criticó al Gobierno de Patxi López por dar el visto bueno a este cambio «sin haber escuchado antes la opinión del Consejo Asesor del Euskera o a Euskaltzaindia», y acusó los socialistas de tomar esta decisión siguiendo las directrices de PP y UPyD. Mendizabal anunció asimismo que si el PNV regresa al Gobierno Vasco volverá a garantizar los derechos de las personas que hablan euskera.
El parlamentario de Aralar Mikel Basabe consideró que la reforma aprobada «va en contra del uso normalizado del euskera basándose en mentiras, mientras que Juanjo Agirrezabala, de EA, censuró que «no se da ningún paso adelante hacia la convivencia de las lenguas, sino un paso atrás en el derechos de los vascoparlantes». A su vez, el parlamentario de Ezker Anintza-IU Mikel Arana afirmó que se trata de «un palo más en la rueda del uso de nuestra lengua».
Frente a estas críticas, desde las filas socialistas Vicente Reyes señaló que su partido se limitaba a cumplir con su programa electoral. «Las administraciones públicas tienen la obligación de atender a los ciudadanos en cualquiera de las dos lenguas oficiales, pero rechazamos que haya que imponer dicha obligación en el sector privado». Por su parte, el representante del PP Iñaki Oyarzábal señaló que «hay que defender el euskera sin imposiciones y sin intromisiones en el ámbito privado y por eso hemos rechazado siempre las obligaciones y sanciones a empresas privadas».
