El Parlamento vasco evidenció ayer, una vez más, su fractura a la hora de abordar el final de ETA. La Cámara autonómica sacó adelante una resolución en la que se exige a la banda terrorista su «disolución incondicional, la entrega de las armas y el reconocimiento del daño causado», gracias a los votos de UPyD, que propuso el texto inicial, y del PSE y PP, que enmendaron el documento.
Sin embargo, se desmarcaron de este pronunciamiento el PNV, Aralar y EA, que votaron en contra, mientras Ezker Anitza no participó en la votación. Las formaciones nacionalistas consideraron que este tipo de planteamientos supone «un paso atrás» después de la declaración del «cese definitivo de la actividad armada» decretado por la organización armada el pasado 20 de octubre.
La división entre los partidos no es nueva. Ya quedó patente siete días después del comunicado de ETA, cuando los grupos fueron incapaces de consensuar un texto para celebrar el final de la banda. La historia se repitió ayer. La resolución aprobada y consensuada por socialistas, populares y UPyD, además de exigir la disolución de la organización terrorista y el reconocimiento del daño causado, insta a los etarras a colaborar «con la Justicia para el esclarecimiento de los centenares de crímenes aún no resueltos».
Los firmantes recuerdan la «plena vigencia» de la declaración aprobada en el Parlamento el 17 de marzo del año pasado, en la que se recogían los principios «que deben regir un final sin impunidad» de la banda. Así, la Cámara autonómica «defiende y comparte» el derecho de las víctimas a exigir «un final de ETA que respete la memoria, la dignidad y la justicia». El documento se reafirma en la defensa del Estado de Derecho y del ordenamiento constitucional «como base para garantizar en Euskadi una convivencia democrática», basada en «las libertades, el pluralismo» y el «respeto a los derechos» de los ciudadanos.
«Caer en la trampa»
La redacción del pronunciamiento no evitó que los partidos firmantes exhibieran sus discrepancias sobre los pasos a dar a partir de ahora. El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, defendió el decálogo que el lehendakari presentó el pasado septiembre, en el que se incluye la petición al Gobierno para que facilite el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas. Pastor apeló incluso a la «generosidad» del Ejecutivo central para realizar «cambios» sobre la política penitenciaria.
Una petición de los socialistas que recibió la crítica del parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro. A su juicio, el PSE y el jefe del Ejecutivo autónomo caen «en la trampa» de los terroristas por reclamar medidas para los reclusos y recordó que la banda «no ha desaparecido» y pretende «seguir chantajeando» a los vascos.
Las fuerzas nacionalistas también exhibieron su discrepancia con el documento aprobado por la mayoría. Joseba Egibar, del PNV, aseguró que el actual proceso no se puede afrontar «de atrás hacia delante» y abogó por establecer como «prioridad» que se aborden «las consecuencias» del conflicto, en referencia a las víctimas y los presos.
