Otra vez un micrófono indiscreto. Después de que Mariano Rajoy fuera 'cazado' el 30 de enero anunciando a los primeros ministros de Finlandia y Holanda que la reforma laboral le iba a costar una huelga general, ayer fue su responsable de Economía, Luis de Guindos, quien, en conversación con el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, fue captado por las cámaras en comentarios comprometidos. «Vamos a aprobar la reforma laboral y va a ser extremadamente agresiva», le indicó momentos antes de la reunión del Eurogrupo en Bruselas.
De Guindos detalló a Rehn que «se reducirá la indemnización por despido» y que se «flexibilizará la negociación colectiva», en una modificación que «va a la raíz de los problemas del mercado laboral español». «Eso sería estupendo. Muy bien», animó el comisario al ministro. Vista la polémica que suscitaron sus palabras de forma casi inmediata en España, fuentes ministeriales precisaron horas después que contra lo que será «extremadamente agresiva» la reforma laboral es contra el paro.
Pese a todo, siguen sin conocerse los detalles de los cambios. El Ejecutivo los ha mantenido en secreto, con el enfado de los sindicatos y la expectación del conjunto de la sociedad. En cualquier caso, se sabe que la reforma que hoy aprueba el Consejo de Ministros es la más profunda desde la Transición y tiene como objetivo, según dijo ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, frenar «a corto plazo» la destrucción de empleo. El propio Rajoy descartó el miércoles que fuera a crearlo, al menos en un año, al vaticinar un aumento del paro en 2012.
La simplificación de la contratación, el empleo juvenil, la formación profesional, la participación del sector privado en la intermediación laboral, el fraude en el desempleo y el endurecimiento de las prejubilaciones son los otros grandes capítulos que, por lo que ayer se sabía, abordará la reforma.
Tras descartar el contrato único, la ministra dijo ayer que el Gobierno se propone reformar este capítulo partiendo de las figuras existentes. El contrato juvenil tendrá «prioridad absoluta», adelantó en el Congreso el martes, con importantes bonificaciones.
También para incentivar el autoempleo en este segmento social, con una tasa de paro de casi el 50%, se permitirá a los jóvenes capitalizar el 100% de su prestación de paro, frente al 80% actual. Los 'minijobs', pensados sobre todo para los jóvenes, han sido descartados, ya que «no caben en la legislación» empleos retribuidos por debajo del salario mínimo interprofesional -641,40 euros al mes-.
El recorte del coste del despido mencionado por De Guindos podría realizarse por dos vías: la generalización del contrato de 33 días de indemnización por año trabajado -ahora son 45- y el afianzamiento jurídico de los despidos por causas objetivas, que tienen 20 días de compensación.
La ministra de Empleo ha informado también de cambios en la formación profesional y el reciclaje, con la creación de una 'cuenta de formación' que acompañe al trabajador toda su vida laboral, como sucede en los países más adelantados de Europa.
La escasa eficiencia de los servicios públicos de empleo en la recolocación de parados se intentará compensar con el impulso de las agencias privadas, una medida adoptada por el Ejecutivo anterior, pero que no se ha desarrollado lo suficiente.
Prejubilaciones
Además, el gabinete se propone dificultar las prejubilaciones a cuenta del erario público, una medida adoptada ya en la última reforma laboral para las grandes empresas con beneficios. Y es que una cuarta parte de los trabajadores que acceden a una pensión procede del paro, según la ministra.
Una incógnita importante es el alcance de la reforma de la negociación colectiva, después de que patronal y sindicatos cerraran un importante acuerdo hace unas semanas. La posible supresión de la ultraactividad de los convenios y otros cambios pueden ser otro factor de enfado sindical, unido a la falta de información y consultas por parte del Gobierno.
Y también se desconoce cuáles serán las herramientas para combatir el fraude en el desempleo, una partida dotada con más de 30.000 millones al año.
