Los dimes y diretes sobre el matrimonio homosexual no paran de dar quebraderos de cabeza al PP. Ahora se aprecian -todavía con más nitidez- las dos sensibilidades que acoge el partido entre sus militantes. La caja de los truenos se abrió hace un par de días cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, reconoció en una entrevista que -«a título personal»- no considera inconstitucional la regulación de las bodas gays.
El revuelo fue mayúsculo, sobre todo al intervenir el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que no dudó en zanjar el asunto: «Si el Partido Popular no la considerara inconstitucional, no habría recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional en 2005».
¿Cómo es posible que haya divergencias de opinión tan radicales en el seno del propio Ejecutivo? Visto el panorama, el todavía portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, aprovechó la jornada de ayer para pedir explicaciones al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados. «Me gustaría saber su opinión a propósito de esta nueva descoordinación. Si el encargado de la Justicia del Gobierno tiene esa opinión, ustedes deberían retirar ese recurso por coherencia», interpeló el político del PSOE a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La mano derecha de Mariano Rajoy echó balones fuera, al apelar directamente a quienes impugnaron en 2005 la normativa: «Usted, como juez, debería tener en cuenta una cosa, que es la legitimación. Sólo el recurrente está legitimado para decidir el futuro del recurso. Y ese recurso del que habla no es de este Gobierno, sino de 50 diputados del anterior grupo parlamentario popular». Un colectivo que, para más señas, estaba encabezado por Eduardo Zaplana, entonces portavoz del partido en el Congreso.
Según esta interpretación, el futuro del recurso queda fuera de la competencia del actual Gabinete. El propio Alberto Ruiz Gallardón se sumó al mismo argumento cuando le tocó replicar al portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarubia, que no había quedado nada satisfecho con la respuesta. «La doctrina del Tribunal Constitucional impide al grupo subsiguiente retirar un recurso que trae causa del anterior», explicó el exalcalde de Madrid. Por si quedara alguna duda respecto a sus declaraciones del pasado martes, dejó claro que su opinión «es conocida desde hace muchos años», lo cual no impide que en su papel de ministro defienda la postura del partido popular.
El orgullo de Cospedal
En definitiva, tal como se decía en el programa electoral del PP, el Ejecutivo de Rajoy aguardará a que el Alto Tribunal dictamine sobre la regulación de los matrimonios homosexuales.
Una cautela que también secundó ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en los siguientes términos: «Lo más sensato es esperar a la resolución judicial». Y en cuanto a la pluralidad de criterios entre sus correligionarios, se mostró satisfecha y hasta orgullosa: «En un partido tan grande como el PP obviamente hay muchas sensibilidades; afortunadamente, porque eso significa que somos plurales». A título personal, reconoce que se alinea con Gallardón: «Yo soy favorable a la libertad».
