La deuda de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), que hasta hoy se había cifrado en 12.000 millones de euros, es en realidad de «más de 14.000 millones». Así lo reveló ayer la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La clave ante la disparidad de cifras hay que buscarla en que siempre se había hablado de la deuda bancaria a largo plazo, que sigue siendo de 12.190 millones. Pero a esta cantidad hay que sumar la que la empresa pública tiene a corto plazo, que completaría la diferencia hasta esos 14.000 millones.
Pastor aportó el nuevo 'agujero' durante un cruce dialéctico con el diputado socialista Rafael Simancas a cuenta del estado del sistema aeroportuario español y el reciente fiasco de Spanair. La ministra advirtió a su oponente político que el anterior Ejecutivo puede dar «las lecciones justas» en esta materia, y le recordó que durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno se cerraron 10 compañías aéreas y hubo huelgas de todo tipo. Protestas, incidió Pastor, que llegaron a provocar que se declarara el Estado de Alarma. Además, «se produjo un deterioro de la puntualidad de 13 puntos en los aeropuertos españoles», lamentó.
Según el diputado socialista, la ministra debe vivir en un «lío permanente» por la situación del sector aéreo y aunque añadió que «no todos los desastres son de su exclusiva responsabilidad», sí lo es, en su opinión, la decisión de anular la privatización de la gestión de los aeropuertos de Barajas y El Prat. Simancas también se refirió al cese de operaciones de Spanair y preguntó por qué no se hizo de manera ordenada, a lo que Pastor respondió que el Gobierno hizo todo lo que podía, a pesar de que fue avisado «media hora después» de que se decidiera el cierre de la compañía.
ERE de Spanair
Precisamente ayer se inició el periodo de consultas necesario para que el expediente de regulación de empleo (ERE) de Spanair, que afecta a los 2.604 trabajadores directos de la compañía, inicie su proceso y pueda estar finiquitado a finales de marzo, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El ERE se someterá a negociaciones entre los representantes legales de los trabajadores y la administración concursal durante 30 días. Una vez dictado el auto, sobre finales de marzo, los trabajadores podrán dirigirse al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y solicitar la prestación de desempleo. Sobre este punto, la Generalitat ha pedido al Gobierno que intente agilizar los pagos del Fogasa, que siguiendo el curso normal pueden tardar un año en hacerse efectivos.
Los empleados volvieron a manifestarse ayer en diferentes aeropuertos, entre ellos Loiu, para reclamar la intervención del Gobierno central. Hoy mismo, protagonizarán otra protesta frente a la sede del Ministerio de Fomento, en Madrid.
