¿Cuánto tiempo espera una administración para girar la factura a un ciudadano o forzar su cobro por la vía del embargo? Esa es la pregunta que ayer planeó en el Ayuntamiento cuando Fernando Campo desveló que la Junta de Castilla y León no solo paga con retraso lo que tiene comprometido en los convenios plurianuales sino que ha entrado directamente en el listado de morosos. Y lo ha hecho en tasas e impuestos mundanos, de andar por casa. El alcalde, en un movimiento medido, resultado del malestar de quien siente los espasmos del ninguneo de Valladolid, colocó en la mesa de los periodistas una tabla de recibos pendientes. El destinatario de los mismos, la Junta de Castilla y León. El total de la deuda, 148.264,78 euros. Conceptos: Impuesto de Bienes Inmuebles y tasa de suministro de agua. Periodo pendiente de cobro: hasta dos años.
«Lo grave es eso, que no solo no nos dan lo que nos tienen que dar, sino que encima nos deben dinero», aseguró el responsable municipal. Las facturas se han generado en seis de las instalaciones que dependen de la administración autonómica. Se trata de la Sede Administrativa de la Junta de Castilla y León, el Centro de Salud Miranda Oeste, en la calle Condado de Treviño, el Miranda Este, el Hospital Comarcal Santiago Apóstol, el Centro de Día de la calle San Agustín y la Residencia Mixta. «Quitando en dos casos (los últimos citados) nos adeudan el IBI de todo 201; un total de 76.490,87 euros. Y agua y tasa del pasado año y, en el caso de la subdelegación, también de todo 2010». Al edificio de oficinas de la calle La Estación le dirigió la amenaza más clara: «Podría haber tomado la decisión de cortarles el agua, pero no la voy a tomar». Apenas unos segundos más tarde, en la misma intervención, planteaba lo siguiente: «Tendremos que decidir algo que no sea solo pedir y hablar. Alguna decisión vamos a tomar, ya veremos cuál porque no podemos estar como estamos».
Bonificación del 50%
Cuando se le cuestionó sobre el margen de plazo que el Ayuntamiento se da para adoptar esa decisión, se limitó a aseverar que «poquito tiempo. No sé, 15 ó 20 días». En el caso de la Residencia Mixta y del hospital, «a petición de ellos», se tomó la decisión de aplicar una bonificación del 50%. «Eso no se lo cobramos pese a que lo tendrían que haber pagado. A pesar de esa buena voluntad del Ayuntamiento, nos deben todo este dinero». Un problema que está «pasando en otro colegios e institutos y en otros lados». Y pese a esa «buena voluntad», subrayó, «dinero que nos tenía que entrar, sigue sin entrar y eso nos está generando problemas de tesorería».
Ahí radica la clave de una denuncia con la que el alcalde intentó ayer sacar los colores a los responsables autonómicos. Dicho de otro de otro modo, no escuecen los 148.000 euros, si no los alrededor de 3 millones que sumarían cuantías pendientes de cobro como las del Pacto Local, el Convenio Marco de servicios Sociales y el Teatro Apolo. Este último proyecto, del que se han abonado ya 1,8 millones de euros en certificaciones, solo se está cubriendo con las aportaciones del Estado y del propio Ayuntamiento que, a su vez carga con el porcentaje de inversión firmado por Valladolid. Miranda no paga el 10% al que está obligada sino el 40%.
«La semana pasada tuve que tomar una decisión que se materializó este martes. Tuvimos que abonar directamente a la empresa del Apolo, 406.000 euros, que es lo que tenía que haber puesto la Junta porque si no podría haber habido problemas». Insistió Campo en que «he vuelto a insistir otra vez al presidente» -dejando entrever que, una vez más, fracasó en el intento-.
De acuerdo con los datos facilitados ayer por el Ayuntamiento, hasta la fecha la empresa adjudicataria Copcisa ha emitido un total de 14 certificaciones por obra ejecutada, dentro del proyecto de rehabilitación del emblemático teatro del Casco Viejo, en el último año y medio. 729.050,16 euros sumaría el total del 40% compartido por las administraciones local y autonómica -de lo que se deduce que Madrid ha desembolsado ya algo más de un millón. Valladolid no ha transferido partida alguna, lo que significaría un pago pendiente de 546.787 euros.
«La situación no puede seguir mucho más tiempo. No podemos seguir adelantando más dinero». Si esta situación llegase a prolongarse por mucho más tiempo en el año, el Consistorio se enfrentaría a un grave problema de liquidez lo que podría llevar a una paralización. «Hay que tener en cuenta que la aportación para el teatro Apolo que recogerán los presupuestos para 2012, entre el Ayuntamiento y la Junta, ascenderá a 1,2 millones de euros. Si ellos nos pagan bien, pero en caso contrario...» Y es que la fase de mayor costo en la rehabilitación, según la planificación técnica, se produciría precisamente este año.
Sin respuestas
Y sigue sin haber respuesta de Valladolid. En noviembre (con un año ya de obras en marcha) ni siquiera se había enviado de vuelta con la firma del consejero de Fomento del contrato a tres bandas que financia el Apolo. Y ahí puede radicar el obstáculo -desde una óptica puramente administrativa- o puede gestarse un auténtico problema. Desde Miranda han viajado hacia la capital de la región todas y cada una de las certificaciones.
La última manifestación pública de la máxima responsable de Hacienda, Pilar del Olmo al respecto es de hace dos meses. Aseguró que no habían recibido ninguna solicitud de abono y que por eso no se pagaba. Más recientemente la diputada mirandesa Sandra Moneo aseguraba en una entrevista a este periódico que «la cuestión del Teatro Apolo y el hecho de que la Junta se haya planteado cuál es su situación presupuestaria, se debe a que se ha producido un cambio en el presupuesto inicial del proyecto y que ese cambio se ha pactado entre el Ayuntamiento y el Gobierno del PSOE y se ha dejado al margen a la Junta».
Hacía referencia a una variación en «las condiciones del contrato», aunque se mostraba partidaria de que la Junta mantuviera su compromiso con el proyecto. Eso so sí «tendremos que ver cuáles son las certificaciones y la situación en la que el Gobierno de la nación ha dejado el Apolo. Estamos ante una cuestión administrativa y también de poca lealtad institucional», aseveró el pasado 22 de noviembre.
