Mariano Rajoy prometió durante su investidura como presidente del Gobierno que la economía española vería pronto «la luz al final del túnel». Pero esta esperanzadora visión no se producirá este año. Más bien al contrario.
Durante su comparecencia de ayer ante el Congreso para informar sobre los acuerdos adoptados por el último Consejo Europeo, Rajoy recalcó que la situación «no puede ser más grave» para el empleo, tras cerrar 2011 con una tasa de paro del 22,9% y con la destrucción de más de 600.000 puestos de trabajo netos. «Por desgracia, estas cifras no van a mejorar en el corto plazo, es más, durante 2012 empeorarán», sentenció el jefe del Ejecutivo.
Un análisis que coincide con la previsión hecha pública también ayer por el BBVA. Su servicio de estudios calculó que este año todavía se destruirán 2.000 empleos cada día. En media anual, la ocupación se reducirá el 4,2%, se alcanzará un techo de 5.700.000 desempleados, con una tasa de paro que repuntará hasta el 24,4% este año para escalar hasta el 24,6% el próximo. Sin otra reforma, el deterioro del mercado de trabajo se prolongaría dos ejercicios más.
Los expertos del servicio del banco creen que los frutos de las reformas llevarán tiempo. En el terreno laboral, apuestan por introducir mayor flexibilidad y creen insuficiente el acuerdo entre empresarios y sindicatos. En vez de recortar empleos, las empresas en dificultades debieran repartir las horas de actividad, sugieren.
Panorama desolador
El presidente del Gobierno, en su primera comparecencia ante la Cámara baja desde que accedió al cargo hace 50 días, aseveró que «es difícil imaginar un punto de partida peor» para esta legislatura. Un sombrío panorama que achacó a varios factores: economía en recesión, récord de desempleo, incumplimiento de los objetivos de déficit público, caída del crédito, altos niveles de endeudamiento, deterioro del entorno internacional... Culpó de esta coyuntura a «los excesos y desequilibrios acumulados durante los últimos años». Una velada acusación al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la que no quiso incidir «porque la herencia recibida no contabiliza a efectos de inventario». Una declaración de intenciones que incumplen de manera repetida varios de sus ministros, que responsabilizan de manera directa del severo plan de ajuste que comenzó tras el consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre -que incluía la subida del IRPF y del IBI, entre otras- a la desviación de dos puntos en el déficit que «ocultó» el Gobierno socialista.
Acusación que rechazó de plano Alfredo Pérez Rubalcaba, que en este debate estrenó su doble condición de secretario general del PSOE y del jefe de la oposición. Rubalcaba aseguró que Rajoy ya tenía decidido antes de su investidura que iba subir los impuestos. Además, exigió al presidente que defienda ante la UE la necesidad de «moderar el ritmo del ajuste, pues continuar con los plazos actuales derivaría en «un coste social imposible de pagar». Una reclamación que también le formularon otros grupos de la oposición.
El desglose del déficit
Rajoy, durante su turno de réplica, admitió que sería favorable a flexibilizar los objetivos de déficit dado que se prevé recesión para la zona euro, incluida España. Sin embargo, mantuvo su postura oficial sobre esta cuestión y enfatizó que debe ser la UE quien de el primer paso en esta dirección, algo que podría ocurrir a partir del 23 de febrero, una vez que la Comisión Europea desvele sus previsiones.
El presidente del Gobierno, en cualquier caso, enfatizó que el déficit público no ha sido el previsto del 6% y que «no estará por debajo del 8%». Rubalcaba le retó a que especificara qué administración ha incumplido con este crecimiento y Rajoy respondió que al inesperado incremento en dos puntos de los números rojos del Estado han contribuido: la Seguridad Social, que iba a tener un superávit de 4.400 millones y ha tenido un déficit de 700 millones, es decir, el 0,46 % de ese déficit es de la Seguridad Social; la Administración Central del Estado con, aproximadamente, el 0,3%; los ayuntamientos, con un 0,1%. Por lo tanto, el mayor porcentaje de este incumplimiento, casi un 1,3% recae en las comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por el PP.
Rajoy, adelantándose a la crítica política, puso el acento en que «Estado somos todos, incluidas autonomías y ayuntamientos», y prometió que no iba a «dejar caer» a ningún gobierno autonómico.
