El diputado de Hacienda en Bizkaia, José María Iruarrizaga, afirmó ayer que «no hay ni ilegalidad, ni interrogante jurídico alguno, sino el más escrupuloso cumplimiento de la normativa aprobada por las Juntas Generales, que se encuentra plenamente vigente», en la recaudación del recurso cameral, y que tampoco hay «afán recaudatorio alguno», porque «las cuotas recaudadas no pertenecen a la Diputación, sino a la Cámara de Comercio de Bilbao».
El responsable peneuvista replicaba así a una solicitud de comparecencia formulada por los junteros socialistas tras desvelar este periódico que el fisco vizcaíno estaba exigiendo con carácter obligatorio el abono de la cuota a pesar de que un decreto del anterior Gobierno, el de José Luis Rodríguez Zapatero, la había derogado. La actitud de Hacienda ha molestado al empresariado del territorio, cuyos representantes -la patronal Cebek- han remitido una circular a sus asociados en la que se considera que hay «argumentos jurídicos suficientes» para oponerse al pago, por lo que se anima a sus afiliados a reclamar ante el Tribunal Económico-Administrativo de la Diputación de Bizkaia, como vía previa al contencioso, un recurso muy costoso al implicar la obligatoria contratación de abogado y procurador.
Posturas distintas
La Diputación de Gipuzkoa, en manos de Bildu, ya admitió a finales del pasado año que el pago de la cuota de las cámaras de comercio era un acto «voluntario y no obligatorio» por parte de las empresas tras la entrada en vigor de la medida de Zapatero. Sin embargo, la de Álava, comandada por el Partido Popular, exigió el abono con carácter obligatorio el pasado verano.
Ayer, durante su comparecencia en las Juntas, Iruarrizaga subrayó que «lo que sí se ha producido es un fiel cumplimiento de la normativa vigente, una transición adecuada de la Cámara de Comercio de Industria y Navegación de Bilbao a su nuevo marco jurídico, y la adopción de las decisiones necesarias para conseguir que, tanto la Cámara como los contribuyentes de Bizkaia, se encuentren en la situación más parecida posible, desde el punto de vista de sus derechos y obligaciones, en los ejercicios afectados».
