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Bilbao casi triplica a Vitoria en receptores de ayudas sociales y sospechas de fraude

lanbide investiga posibles casos de cobros irregulares

Bilbao casi triplica a Vitoria en receptores de ayudas sociales y sospechas de fraude

08.02.12 - 02:24 -
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En Bilbao, con 355.000 habitantes, vive el 16% de la población vasca. Pero la capital vizcaína acapara casi un tercio -30%- de los perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI) y de los posibles casos de cobros irregulares que está investigando el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). Sus cifras casi triplican a las de Vitoria, pese a que la capital de Euskadi tiene 240.000 habitantes. El tercer puesto en el ranking lo ocupa Barakaldo y el cuarto San Sebastián, pese a que su población es muy superior a la del municipio de la margen izquierda.
Las cifras de Lanbide a las que ha tenido acceso EL CORREO permiten dibujar algo parecido a un mapa de la incidencia de la crisis en la comunidad autónoma a partir del reparto de las ayudas sociales. Y también conocer la ubicación de esa potencial bolsa de fraude que detectó esta semana el Servicio Vasco de Empleo: 7.006 de los 56.000 perceptores de RGI están ilocalizables. En la medida que legalmente deben estar disponibles para recibir cualquier oferta de trabajo o formación, en el Gobierno vasco consideran que se trata, al menos, de asuntos irregulares.
Lanbide ha llegado a esa cifra de posibles engaños tras haber enviado en diciembre una carta certificada a los 56.000 beneficiarios de RGI. En 7.006 casos, las misivas llegaron devueltas por no localizarse al destinatario en la dirección que había facilitado ni pasarse a recoger el documento por la oficina de Correos en la semana siguiente.
Es lógico que Bilbao, como el municipio vasco más poblado, sea también el que acapare más casos. Pero los porcentajes no son para nada proporcionales. Con el 16% de los 2,2 millones de habitantes que tiene Euskadi, acoge a 16.023 perceptores de RGI, casi el 30% del total, lo que es clara muestra de que el látigo de la crisis se ha cebado de manera especial con la capital vizcaína. Como es natural, este municipio también registra el mayor porcentaje de cartas devueltas y, por tanto, de sospechas de fraude: 2.126. La cuestión es que representan el 13,2% del total que se enviaron, el porcentaje más alto de las tres capitales vascas y uno de los más elevados de Euskadi.
Porque en San Sebastián las presuntas irregularidades suponen sólo el 8,7% de los casos, y en Vitoria el 12,4%. De hecho, la capital de Euskadi está en la media en todos los sentidos, ya que con el 11% de la población vasca también tiene el 11% de los perceptores de RGI. Por su parte, San Sebastián, donde vive el 8% de los vascos (tiene 180.000 habitantes), sólo acoge al 6% de los beneficiarios de esta ayuda, seguramente porque es un lugar demasiado caro para residir si se sufren estrecheces económicas.
Falta de coordinación
En las antípodas está Barakaldo, que con únicamente 100.000 habitantes tiene más perceptores de subsidios (3.382) que la capital guipuzcoana. Eso sí, el Ayuntamiento de este municipio reveló ayer que «el mayor control del fraude» ha hecho posible que este año se hayan reducido un 15% las peticiones para las ayudas de emergencia social (AES).
Es precisamente la sombra del fraude lo que ha puesto de actualidad la RGI y a sus 7.006 perceptores ilocalizables. Según los cálculos de Lanbide, antes del verano se habrá destapado la totalidad de los supuestos engaños porque se habrá llamado a los beneficiarios para participar en cursos de formación, cuya asistencia, que es obligatoria, resultará incompatible con las trampas más comunes: cobrar mientras se está residiendo fuera de Euskadi y hacerlo al tiempo que se trabaja en la economía sumergida.
En cualquier caso, desde varios colectivos sociales se muestran escépticos con las cifras de Lanbide. Por un lado, es de suponer que en el segundo contacto aparezcan parte de los perceptores ilocalizables en el primer intento. Pero es que además, y según aseguran desde ONGs como Cáritas, buena parte de las cartas fallidas podrían tener su origen en la falta de coordinación entre administraciones; es decir, que cambios de domicilios notificados en su día por los beneficiarios a las diputaciones y ayuntamientos, que hasta diciembre gestionaban la RGI, no hayan llegado a tiempo a Lanbide, que les estaría buscando en su residencia anterior.
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