El juez del 'caso Babel', José Castro, ha admitido que el sindicato Manos Limpias se convierta en acusación popular en el sumario que investiga los supuestos negocios irregulares del duque de Palma y su socio, Diego Torres, lo que sin duda da un giro al caso, hasta ahora investigado únicamente a instancias de la Fiscalía.
La entrada de Manos Limpias -que ya ha conseguido, sin el apoyo del ministerio fiscal, sentar en el banquillo a Baltasar Garzón en la causa del franquismo- concretamente complica, y mucho, el futuro de la Infanta Cristina en este asunto.
El secretario general del sindicato, Miguel Bernard, informó ayer a este periódico que en cuanto Iñaki Urdangarin declare como imputado el próximo sábado 25 de febrero en Palma, su formación pedirá la declaración, al menos como testigo, de la hija de Don Juan Carlos.
Bernard señaló que el sindicato considera que Cristina de Borbón tiene una triple responsabilidad en este caso, en cuanto se lucró personalmente de los supuestos negocios ilícitos de su marido, era miembro de la ejecutiva del Instituto Nóos en los años en que se produjeron los grandes negocios bajo sospecha y es copropietaria de la empresa Aizoon, usada para 'vaciar' Nóos y supuestamente defraudar a Hacienda.
Hasta ahora, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma no ha llamado a declarar a la Infanta, ya que la Fiscalía Anticorrupción (única acusación hasta ahora en la denominada 'pieza 25') sostenía que la hija del Rey nunca se encontró en el «núcleo» de la toma de decisiones de Nóos ni estuvo al tanto de las supuestas irregularidades que su marido llevó a cabo en la ONG ni en la empresa de la que es dueña al 50%.
La Infanta Cristina no es el único objetivo de Manos Limpias en el 'caso Urdangarin'. El sindicato ya ha presentado diversos escritos en tribunales de Valencia y Madrid contra, entre otros, el expresidente Francisco Camps y el dirigente popular Esteban González Pons por la adjudicación de los fallidos Juegos Europeos al Instituto Nóos.
También ha pedido la imputación en este sumario del exalcalde de Madrid y hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por cerrar con la fundación que presidía el exdeportista un acuerdo para la promoción de la candidatura de la capital de España a los Juegos Olímpicos de 2016.
