Los abogados que se querellaron contra Baltasar Garzón en la causa abierta por los cursos impartidos en Nueva York pidieron ayer al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena la apertura de juicio oral contra el magistrado. En su escrito de calificación, acusaron a Garzón de un delito continuado de cohecho impropio, penado con 27.000 euros de multa, y las alternativas de cohecho propio por presuntamente haber «recaudado patrocinios». Por todo ello, solicitaron cinco años de prisión. Este sería el tercer juicio al que se enfrenta el juez tras las escuchas del 'caso Gürtel' y la investigación de los crímenes del franquismo.
Los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea se sumaron al auto de Marchena del pasado 28 de enero, en el que imputaba al juez un delito de cohecho impropio por pedir y obtener de importantes empresas y bancos españoles 1,2 millones de dólares. Esas firmas entregaron los fondos a Garzón «en atención a su condición de juez» para patrocinar las actividades que dirigió en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.
Marchena aseguró entonces que ese tipo penal no exige enriquecimiento personal, aunque este se produjo en el caso de Garzón, que cobró su nómina del mismo centro de la Universidad de Nueva York al que el BBVA, Cepsa, Endesa o Telefónica entregaron sus «generosos» donativos. Por este motivo, la acusación popular añadió en su escrito de calificación las alternativas de cohecho propio continuado por «recaudar patrocinios» y, en un caso extremo, de extorsión.
Por otra parte, los testigos del juicio a Garzón por su intento de investigar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista defendieron ayer su «derecho a saber». La fase testifical llegará hoy a su recta final, pero ayer se volvieron a escuchar en el Supremo duros testimonios de cuatro denunciantes de las asociaciones de memoria histórica.
