Ayudas bajo control

La devolución de 7.006 de las 56.000 cartas enviadas por correo certificado a los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos (RGI) desborda todas las previsiones y permite sospechar la existencia de una amplia bolsa de fraude en la percepción de ese subsidio, creado para aliviar la situación de quienes no disponen de ningún ingreso o no llegan al salario mínimo. Sus perceptores han de estar, por ley, empadronados en el País Vasco y localizables en su domicilio, ya que se exige de quien la recibe la búsqueda de empleo o la asistencia a los cursos de formación que le ayuden a encontrarlo. Si se exceptúa a los pensionistas (no sujetos a las mencionadas exigencias) y algún cambio de domicilio no comunicado a tiempo, cabe sospechar que la mayoría de esas 7.006 personas no localizadas están percibiendo irregularmente el subsidio. Lanbide, organismo autonómico que ahora gestiona la RGI, debe proceder a la inmediata suspensión de aquellos casos que se confirmen como irregulares; lo cual ha de verse no como una muestra de impiedad administrativa, sino de estricta justicia social. La RGI es la respuesta solidaria de la sociedad vasca para con los más desfavorecidos, y su cobro indebido en este tiempo de penuria es un agravio para quienes hoy necesitan de más ayuda.