Portugal se bate el cobre con los mercados para evitar convertirse en un calco de Grecia. El país vecino mantiene un vertiginoso ritmo de durísimos ajustes, pero los inversores no aflojan la presión. Tras un inicio de año demoledor con los intereses exigidos a su deuda por encima del 17%, el BCE se vio obligado a intervenir la semana pasada para insuflar oxígeno al Tesoro luso. Pese a las reformas anunciadas, entre ellas un aumento del copago sanitario y un nuevo marco laboral en el que los trabajadores han perdido tres días de vacaciones, los parqués temen que tenga que pedir un segundo rescate e incluso aplicar una quita al estilo griego.
Las constantes vitales de Portugal empezaron a dar señales de alarma tras la Navidad. Para entonces, las primas de riesgo de España e Italia notaban ya cierto sosiego gracias a la inyección de casi medio billón de euros del BCE a la banca europea. En Lisboa, en cambio, la medicina de choque del emisor del euro no surtía efecto y la deuda nacional inició una escalada histórica hasta llegar a los intereses del 17%, diez puntos más de lo que se considera sostenible para las arcas públicas. El supervisor comunitario cortó la semana pasada esta progresión comprando bonos lusos, pero nadie duda de que la situación está lejos de estabilizarse.
Los inversores sospechan que la economía portuguesa no podrá ponerse en pie sin un segundo rescate. Aunque todavía no se ha cumplido un año desde que la Eurozona aprobó un salvavidas de 78.000 millones, los mercados ven en el país vecino un peligroso binomio formado por una elevada deuda pública y privada. A estas dificultades, se le une la perspectiva de una profunda recesión. Según las previsiones del Banco Central luso, el país cerrará este año con una caída del PIB del 3,1% tras haber registrado en 2011 un descenso del 1,6%. Ante esta coyuntura, ya se ha calculado que necesitaría un cheque extra de hasta 25.000 millones.
Bono basura
Este complicado cóctel macroeconómico se vio agravado a primeros de enero por Standard&Poor's, que en su rebaja masiva a los países del euro dejó los títulos portugueses al nivel de los 'bonos basura'. En una decisión muy criticada por la UE, la agencia de calificación igualó la deuda lusa a la griega. Los socios comunitarios han defendido en varias ocasiones los esfuerzos del Ejecutivo de Pedro Passos Coelho y han insistido en que Grecia es un caso aislado. Es decir, que nadie se plantea tener que recurrir a otra quita como la que afrontan los acreedores de Atenas. «No hace falta repetir que la situación helena es única y excepcional», reiteró el fin de semana José Manuel Durao Barroso.
Desde que llegó al poder en junio del año pasado, el conservador Passos Coelho ha intentado distanciar a su país del destino heleno. «Estoy convencido de que alcanzaremos los objetivos presupuestarios de este año y el próximo. Vamos a capear el temporal», decía la semana pasada. El primer ministro luso ha insistido en varias ocasiones en que no pedirán ni más tiempo ni dinero a la UE, aunque sí un «análisis más realista» de la situación actual. Al igual que el Gobierno de Mariano Rajoy, el líder portugués confía en que Bruselas flexibilice sus exigencias por el impacto de la nueva recesión. En su caso, esperan que se suavicen los requerimientos a la banca para que el crédito llegue a las empresas.
Mientras aguarda una señal de la UE, Passos Coelho sigue con los ajustes para rebajar el déficit y aumentar la competitividad. Hace tres semanas, se pactó una dolorosa reforma laboral que reduce el número de festivos y la duración de las vacaciones, que pasan de 25 a 22 días. Además, se acordó la puesta en marcha de una bolsa de 150 horas por trabajador que las empresas podrán gestionar ampliando en momentos concretos la jornada sin pagos adicionales. Los cambios se acordaron con la patronal y el segundo sindicato mayoritario después de que el Gobierno, que pretende reducir a 10 días la indemnización por despido, renunciara a extender a 8,5 horas la jornada de trabajo.
20 euros por el pediatra
La reforma laboral llegó tras un fin de año caliente con una importante revisión de los copagos sanitarios. Desde el 1 de enero, los portuguses tienen que abonar 20 euros por acudir a un pediatra de urgencias, más del doble de lo estipulado anteriormente, mientras que el precio de una emergencia básica se ha elevado hasta los 15 euros. Con esta subida en las tarifas, que contemplan exenciones para los sueldos más bajos, el Ejecutivo pretende recaudar 100 millones en su camino para dejar el déficit al final de año en el 4,5%.
Con la austeridad por bandera, el Gobierno también ha acelerado las privatizaciones, otro punto que lo aleja de las dificultades griegas para cumplir con esta exigencia europea. En apenas un mes, ha vendido sus participaciones en la principal eléctrica -Energías de Portugal- y en la compañía encargada de gestionar las redes energéticas. En ambos casos, China se ha hecho con la mayor parte del pastel con una inversión cercana a los 3.000 millones. Lisboa subrayó que se habían decantado por las ofertas del gigante asiático porque en paralelo se comprometían a abrir líneas de crédito para respaldar la economía.
