El área de Acción Social afronta cambios importantes. El Gobierno vasco, a través de Lanbide, se ha hecho cargo del control de la Renta de Garantía de Ingresos y en las Ayudas de Emergencia Social, que no tienen periodicidad y deben justificarse gasto por gasto, apenas hay espacio para el fraude. El Negociado de Control e Inspección, que se puso en marcha en 2008 para perseguir los cobros indebidos con la colaboración de policías municipales, será desmontado o «reducido a la mínima expresión».
Su labor no ha pasado desapercibida. Los informes periódicos sobre los casos de fraude detectados causaron indignación ciudadana e inquietaron a Cáritas, al entender que se extendía un clima de sospecha. Ahora los datos se facilitarán a Lanbide, y el Ayuntamiento colabora en la investigación de las ayudas que cobran los agresores de dos policías municipales. La renta básica copaba un 30% de las citas de las trabajadoras sociales, así que se reforzarán otras labores como la atención a los menores.
