Oportuno recorte

El escándalo de algunas cajas de ahorro -ninguna de ellas vasca-, que con la crisis han tenido que afrontar su escasa previsión en el negocio del ladrillo y responder de actuaciones escasamente profesionales, ha mostrado su faceta más detestable en el relato de los sueldos millonarios que percibían sus administradores, en casi todos los casos de procedencia directa o indirectamente política, y las jubilaciones exorbitantes y demás prebendas que se habían otorgado. Lógicamente, este escándalo debía cesar en cuanto se aplicase dinero público al salvamento de las cajas para evitar malversación, y esto es lo que ha hecho el Ejecutivo al limitar los sueldos de los miembros de la cúpula de las entidades que hayan recibido apoyo público o que hayan tenido que ser nacionalizadas. En el primer grupo, los recortes van del 65 al 67% y en el segundo, del 66 al 76%. En el sector privado, nada cambia porque deben ser los accionistas de las instituciones de crédito los que marquen la pauta, pero la opinión pública entendería mal que los bancos españoles no supieran interpretar el mensaje del Gobierno, que responde a una reclamación legítima de la ciudadanía.