La nueva Fiscalía General del Estado, dirigida por Eduardo Torres-Dulce, dio ayer la orden a Anticorrupción para que no presente recurso de casación en el Tribunal Supremo por la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa en la 'causa de los trajes'. Fuentes del Ministerio Público señalaron que tras estudiar la sentencia dictada por el magistrado Juan Climent, del Tribunal Superior de Valencia, en la que se recoge el veredicto absolutorio del jurado popular, acordaron «que no hay base jurídica suficiente para recurrir».
Una de las razones que exponen las citadas fuentes es que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «únicamente cabe la revisión de los hechos probados en caso de sentencia condenatoria y si es por vulneración del principio de presunción de inocencia». Pero como a Francisco Camps y Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, les declararon «no culpables», las posibilidades de recurso son más remotas porque «se constata la imposibilidad de revisión de los hechos declarados probados».
Y es que el jurado popular, por cinco votos a cuatro, consideró que los acusados no habían cometido cohecho impropio, que pagaron sus prendas de vestir y que su relación con imputados de la trama 'Gürtel' era «meramente comercial». Curiosamente, fueron más allá de las declaraciones de Camps y Costa. Así, consideraron como «hecho probado» que Camps pagó «personalmente» las prendas al sastre José Tomás, un extremo que nunca afirmó el expresidente valenciano, que dijo que pagaba sus trajes, pero de forma genérica; incluso a preguntas de la Fiscalía aclaró que pidió dinero a un escolta para pagar, si bien nunca especificó que se lo diera «personalmente» a José Tomás.
Asimismo, el jurado desestimó que el personal de las tiendas contactara previamente con los interesados y realizara «las mediciones necesarias para calcular sus tallas», pese a que tanto Francisco Camps como Ricardo Costa explicaron que José Tomás les tomó medidas en distintos momentos y situaciones.
18 indicios de cohecho
En total, la Fiscalía Anticorrupción dio 18 razones en el juicio para probar que hubo cohecho impropio. Un cúmulo de pruebas que muestran la beligerancia acusatoria que ha mantenido el Ministerio Público desde que estalló la 'causa de los trajes', en febrero de 2009. Anticorrupción siempre defendió que hubo delito y que la red corrupta, a través de la empresa Orange Market, pagó esas prendas para conseguir un trato de favor en los contratos públicos de la Generalitat.
La Fiscalía fue primero partidaria de que esta causa se investigase en Valencia, luego acusó formalmente a los imputados durante la instrucción que tramitó la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de esa comunidad. Tras el archivo reclamó la reapertura del caso, y una vez que el Tribunal Supremo admitió su recurso, pidió al juez José Flors que abriera juicio oral a Camps y Costa, como finalmente ocurrió.
El secretario general del PSOE de Valencia, Jorge Alarte, se mostró ayer «profundamente preocupado» por la decisión de la Fiscalía. «Eduardo Torres-Dulce debe una explicación a los españoles por el cambio de criterio», dijo. Por su parte, el presidente valenciano, Alberto Fabra, aseguró que se alegra «muchísimo» de que Anticorrupción no recurra, mientras que la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, tachó de «escándalo» una la decisión que atribuyó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y a Rajoy.
