El Defensor del Vecino ha vuelto a pronunciarse acerca del incierto panorama en el que se encuentran los presuntos menores extranjeros no acompañados para exigir de nuevo al Ayuntamiento y a la Diputación que «coordinen» el tratamiento que dan a los mismos. El Síndico ha hecho pública esta petición después de que ayer atendiera en su oficina a O.A.S, un chico «hasta hace unos días, menor extranjero acompañado, expulsado del centro de acogida foral, a quien el Consistorio le ofreció acogerse al dispositivo invernal pero al que, paradójicamente, no se le ha reconocido vale de comedor», expone en un escrito.
Javier Otalola considera esta situación «incongruente». «No tiene sentido que, tras una primera evaluación, cualquier transeúnte reciba alojamiento y manutención y, sin embargo, un joven con un itinerario social ya iniciado por parte de la Diputación no tenga acceso a esa mínima cobertura». A su juicio, ese tratamiento «no se corresponde con la debida coordinación que debe regir la actuación foral y municipal en la materia».
En su exposición del tema, el Defensor del Vecino se refirió también a las pruebas óseas practicadas a algunos de los menores. En este sentido, mantiene que «su madurez ósea es compatible con el hecho de tener 18 años o más» y califica de «antijurídico concluir que esos jóvenes no fueran menores en el momento de su acogida».
Por otro lado, el Síndico acaba de emitir otra recomendación. Esta vez vinculada a una vecina de Vitoria que, tras ser embargada y desahuciada, ha recibido una carta del Ayuntamiento en la que le dice que, como ha vendido su vivienda, debe abonar a la institución municipal 5.913 euros en concepto de plusvalía.
Otaola concluye que, «cuando la transmisión inmobiliaria es fruto de una ejecución judicial de la casa habitual y se acredita que no existe verdadera plusvalía, no hay capacidad económica que pueda gravarse».
