Lanbide, el servicio del Gobierno vasco que se encarga de la gestión de las ayudas sociales desde el pasado mes de diciembre, investigará las prestaciones que cobran los jóvenes que dieron una brutal paliza a dos policías municipales de Bilbao en el barrio de Rekalde el pasado 12 de enero. Tras la publicación ayer en este periódico de la información que señala que estas personas perciben la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), unos 900 euros al mes, y que al mismo tiempo conducen coches de alta gama, Lanbide considera que existen «indicios que nos obligan moralmente a comprobarlo», apuntaron fuentes oficiales.
Desde ayer, una persona se encarga de comprobar los datos de estos perceptores, en colaboración con el Ayuntamiento y la Policía Municipal. Hasta el momento ha averiguado que al menos dos de ellos cobran la RGI. Este tipo de subvenciones eran concedidas por los servicios sociales municipales en los casos de personas sin recursos para evitar que quedaran en la calle. «Si existe un incumplimiento de los requisitos o hay alguna otra irregularidad se procederá a la suspensión» de la ayuda, agregaron las mismas fuentes. No obstante, también adviertieron de que «no podemos convertirnos en jueces paralelos», en respuesta a la reclamación de algunos sindicatos de que se suspendan las ayudas sociales a los delincuentes.
Suspendida al iraní Bijan
El iraní Bijan Alizadeh, con antecedentes por esquizofrenia, que el pasado 14 de noviembre mató a un jubilado en Santutxu y apuñaló a otras seis personas con las que se encontró tras salir de la boca del metro, también recibía una prestación económica por su falta de ingresos. En su caso, en el momento en que el juez ordenó su encarcelamiento, la ayuda quedó suspendida de forma cautelar. Siempre que una persona ingresa en prisión preventiva se le retira la prestación, independientemente de si es culpable o no de un delito; se entiende que en la cárcel tiene garantizada la manutención. Salvando las distancias, ocurre también cuando una persona mayor que recibe una ayuda ingresa en una residencia de la tercera edad.
Por otra parte, el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao anunció ayer que va a presentar una moción en el pleno municipal para exigir el control en el fraude de las ayudas sociales y «para que no se sucedan casos como éste». El partido retomará una inciativa que ya defendió en el mandato anterior, cuando el Consistorio aún se encargaba de la gestión y el control de las ayudas. «Con la crisis se disparan las solicitudes; es injusto que haya gente que se quede fuera mientras otros cobran sin merecerlo, como parece el caso», argumentó la portavoz popular, Cristina Ruiz. «Serán casos aislados, esporádicos, pero llaman la atención y la gente se pregunta cómo es posible que estas personas cobren ayudas», insistió.
