Javier Rubio, presidente de ARAG-Asaja, expresó ayer el rechazo de esta organización agraria a que las organizaciones interprofesionales gestionen los derechos de plantación de viñedo a partir de 2015, como ha propuesto la Federación Española del Vino (FEV) al Ministerio de Agricultura.
Rubio, acompañado por José Antonio Torrecilla, jefe de los Servicios Técnicos de la organización, recordó que actualmente la concesión de los derechos de plantación corresponde a las comunidades, y, en el caso de la Denominación de Origen Calificada (DOC) 'Rioja' a las tres administraciones que la comparten -los gobiernos de La Rioja, País Vasco y Navarra.
El presidente de ARAG-Asaja, que informó de que la postura de Asaja también es la del COPA-Cogeca (organización europea de organizaciones agrarias), aludió a una reciente circular de la FEV, a la que pertenecen bodegas de 'Rioja', en la que esta Federación transmite al Ministerio de Agricultura la necesidad de eliminar la prohibición comunitaria de nuevas plantaciones.
Sin embargo, la FEV expresa su apoyo al sistema de derechos de plantación de viñedo en aquellas regiones de producción y denominaciones de origen cuyo éxito puede ponerse en peligro sin un sistema contingentado de producción, aunque aboga por que se dé la 'llave' de la gestión de estos derechos a las interprofesionales como órganos capaces de orientar la producción a las necesidades de mercado.
«Liberalización encubierta»
Rubio advirtió del riesgo que supondría para los agricultores de la DOC 'Rioja' que el debate sobre los derechos de plantación se derive hacia estas posiciones porque considera que se puede incurrir en «una liberalización encubierta que sería nefasta para el sector».
Afirmó que la única posición que puede garantizar la permanencia de los 18.000 viticultores de 'Rioja', basada en el equilibrio social y económico del sector, es la defensa «firme y sin fisuras» del sistema actual de derechos de plantación. Y añadió que si la administración de los derechos pasase a estar controlada por las organizaciones interprofesionales supondría que el control ya no se regiría por criterios sociales y económicos, sino «solo económicos». Además, recalcó que podría alterar el reparto del viñedo en Rioja en detrimento de los agricultores, que actualmente controlan el 85% de las hectáreas.
El presidente de ARAG-Asaja también ha precisado que si la liberalización de derechos prospera a partir de 2015, conforme a lo previsto por la OCM del Vino, «solo en el territorio de la DOC 'Rioja' se podría pasar de las 64.000 hectáreas actuales a 200.000 y de los 288 millones de litros de vino a los 900».
