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EDITORIAL

Reforma inmobiliaria

El futuro del sistema financiero depende de que se libere de su lastre inmueble

03.02.12 - 02:26 -
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El ministro de Economía expuso ayer que la reforma del sistema financiero que el Consejo de Ministros acordará hoy pretende dotarlo de solidez y eficiencia mediante su saneamiento y la regulación del gobierno corporativo de las entidades bancarias. Se trata de ajustar el valor de sus activos inmobiliarios a precios de mercado, de propiciar en el plazo de cuatro meses la integración de distintas entidades hasta alcanzar un entorno de competencia y de acceder en mejores condiciones al crédito mayorista para acabar con la contracción del dinero que demanden empresas y familias. De Guindos insistió ayer en que el Gobierno no ha definido a priori el número de entidades que deban resultar de la reforma ni su dimensión óptima. Aunque es evidente que esta nueva vuelta de tuerca, con la obligada provisión de 50.000 millones por parte de las entidades financieras para ajustar sus activos, va a desvelar la situación real de cada una de ellas. La buena noticia es que esta segunda reforma del sistema financiero no incrementará el déficit público, si bien el aumento de 9.000 a 15.000 millones en el capital disponible del FROB afectará limitadamente a la deuda del Estado. Pero es a partir de ahí cuando surgen interrogantes, el más importante de los cuales es si acaso la reforma no llega demasiado tarde; no tanto para el futuro de las entidades más solventes como para remediar con prontitud los males que aquejan a la economía y a la sociedad española. Los datos de desempleo hechos públicos también ayer describen una realidad que difícilmente va a responder a una masiva oferta de vivienda a precios reducidos, o activar el flujo y retorno de la capacidad crediticia que logren las entidades resultantes de la reforma. Y ello sin tener en cuenta los efectos adversos que la capitalización bancaria acarree sobre el valor de la propiedad inmobiliaria adquirida y comprometida financieramente antes de la crisis. No se trataría de un problema imputable a la responsabilidad del Gobierno, pero sí de una eventualidad que debiera contemplar entre los imponderables de su gestión.
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