En 2009 el Gobierno socialista meditaba el cierre más o menos inminente de la central de Garoña. Se optó por 2013. Hoy uno del PP está a la espera del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para optar por todo lo contrario; la prórroga hasta 2019. La coincidencia en ambas fechas está, además de en el objeto de debate, en el resultado de las mociones con las que el Ayuntamiento de Miranda se ha posicionado oficialmente en el mismo.
Ayer como hace hace más de dos años, IU -el promotor- y PSOE sacaron un escrito favorable a la clausura inmediata por tratarse de una «instalación obsoleta con graves problemas de seguridad». La idea la defendió Conchi Ortega. El PP, por su parte, respaldó la continuidad condicionada a esa opinión del CSN que aún tardará varios meses en llegar.
La edil de IU, en la lectura de la moción, hizo referencia precisamente a que este organismo ha reconocido que «Garoña sufre un proceso de agrietamiento múltiple por corrosión que afecta a diversos componentes internos de la vasija del reactor, el verdadero corazón de la central, al albergar el combustible de uranio; el núcleo». Pero ni ésta ni otras aseveraciones del texto motivaron un intercambio de opiniones profundo. Borja Suárez, portavoz del grupo de oposición, lo frenó al estimarlo innecesario por repetitivo.
Los discursos se centraron más en temas colaterales. Los puso sobre la mesa la portavoz socialista Aitana Hernando. ¿El primero? El plan Reindus específico para el entorno de la central. Hubo unanimidad. Las tres fuerzas políticas se mostraron a favor de su mantenimiento más allá de la decisión que adopte sobre la planta el Gobierno de Mariano Rajoy. Hay que recordar que ese programa de reindustrialización específico formaba parte del plan de choque del PSOE con el que pretendía contener el golpe de un cierre a cuatro años vista.
En el segundo turno de intervención Hernando apostó por un desmantelamiento progresivo que siga el ejemplo de Zorita, en el que trabajan 18 empresas que han contratado «al 90% de la plantilla que tenía la propia central». El factor empleo entraba así en el debate. Y lo hacía con una perspectiva distinta; no el efecto del cierre; sí la incidencia que tendrá en Miranda el decreto que congela los incentivos a las renovables. «En esta ciudad hay «nueve empresas y un gran número de profesionales libres e ingenieros» trabajando para estas áreas. «Nos preocupa mucho este tema». Inquietud que compartieron también en primera persona los portavoces del PP e IU.
La postura de Vitoria
Se impuso, en definitiva, el guante blanco en un pleno que cargaba como punto del día más significativo esta moción. Solo hubo un momento en el que el tono se elevo. Fue Suárez ante el reproche sibilino de Izquierda Unida sobre el posicionamiento ante Garoña del PP de Vitoria.
Tras hacer referencia a opiniones contradictorias en la formación vasca a nivel provincial, autonómico y local, aseguró que «en todo caso todos han pedido que el Reindus se extienda a territorio alavés y no dicen nada de la planta de ciclo combinado en Lantarón. Miren -añadió- ya está bien. En su territorio que digan lo que tengan que decir y por supuesto que pueden opinar del resto. Pero quien tiene los 4.000 parados es Miranda, no es Vitoria». La estadística de ayer cifraba en 22.000 el número de desempleados en Álava.
