La nueva ronda de bodas bancarias llegará en primavera. El Gobierno ha dado cuatro meses justos para que las entidades que no se puedan permitir poner el valor del suelo y de los inmuebles a su precio real en los respectivos balances presenten planes de fusión que les faciliten cumplir esta exigencia. Luis de Guindos, ministro de Economía, que presentó el proyecto ayer antes de su aprobación, este viernes, en Consejo de Ministros, se muestra convencido de que esta nueva vuelta de tuerca sacará al mercado miles de pisos a importes asequibles, y el alivio que proporcionará a las entidades les permitirá abrir el grifo del crédito.
La fórmula es sencilla: si un banco o caja de ahorros que se ha quedado con la propiedad de una vivienda tiene que aplicarle un descuento muy importante, pondrá el máximo interés en venderla aunque sea ligeramente por encima de ese valor, en vez de retenerla. Sin ese lastre, volverá a prestar dinero para otros proyectos. La reforma tiene que ayudar, además, a que los expertos vuelvan a creer en la solvencia del sector financiero español y, en definitiva, en el potencial de la economía para atraer inversión y volver a la senda del crecimiento sostenido, explicó De Guindos.
Detalló que las entidades que se fusionen lo deberán hacer en serio, es decir ya no valdrán las uniones fría de la primera oleada, y lo tendrán más fácil: dispondrán de dos años, en vez de uno, para realizar los saneamientos y podrán pedir capital al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se lo inyectará a cambio de bonos convertibles contingentes, instrumento que solo se transforma en acciones en determinadas circunstancias. No se trata, por tanto, de una 'nacionalización' directa, como las que se produjeron con un grupo de cajas en dificultades.
El ministro rechazó considerar que el recurso al FROB constituya «ayuda pública», pero tuvo que reconocer que el Tesoro incluirá en sus emisiones la cantidad necesaria para aumentar el capital de este Fondo desde los actuales 9.000 millones hasta la nueva cifra de 15.000, que reforzará una capacidad de endeudamiento de 90.000 millones, la misma que ahora. Este procedimiento no supone incrementar el déficit, pero sí un pequeño aumento de la deuda pública.
La situación actual
La pesada carga inmobiliaria
Los activos inmobiliarios ligados al crédito promotor que el sistema financiero tenía a 30 de junio ascendían a 323.000 millones. De esa cifra eran considerados problemáticos (adjudicados por impago de deudas, morosos -tres mensualidades consecutivas sin atender- y subestádar -al corriente de pago, pero sospechosos de plantear problemas-) 175.000 millones (88.000 de suelo y promoción en curso y los otros 87.000 de promoción terminada y viviendas adjudicadas). En el caso del suelo, las entidades han realizado coberturas (ahorros equivalentes) al 31% del suelo, el 27% en las promociones en curso y el 25% de la promoción terminada.
Las nuevas exigencias
Habrá que aumentar las provisiones
En los activos problemáticos, las entidades deberán elevar las provisiones -lo que significa aplicar un descuento equivalente- al 80% en el caso del suelo -sin distinción entre rústico y urbano-; al 65% en el de las promociones en curso y al 35% en la promoción termiada y la vivienda. El grueso de estas provisiones se detraerá de los resultados del año, pero, en el caso del suelo, el 20% se realizará con cargo al capital y en el de la promoción en curso, este porcentaje será del 15%.
El impacto económico
Una factura de 50.000 millones
Economía ha cifrado el total del saneamiento que tienen que realizar las entidades en 50.000 millones, como sugirió el Banco de España, y habrá de realizarse «de una sola vez». A modo de comparación, el saneamiento bancario realizado por el sector, con provisiones específicas, alcanzó un importe de 66.000 millones de junio de 2008 a junio de 2011. El impacto de la dotación extraordinaria que se llevará a cabo con cargo a los resultados bancarios se ha estimado en 25.000 millones -una cifra equivalente a los recursos generados en España en el último ejercicio por el conjunto del sistema- y el correspondiente al capital (beneficios no distribuidos, ampliación de capital o conversión de distintos instrumentos, como preferentes, deuda subordinada, bonos convertibles) se calcula en torno a otros 15.000 millones.
¿Y el deterioro futuro?
Sufrirá la cuenta de resultados
Es la gran novedad de la reforma. Puesto que el sector de bancos y cajas tiene préstamos no problemáticos ligados a la promoción inmobiliaria -148.000 millones- y estos créditos pueden experimentar un deterioro en el futuro, el Gobierno impone a las entidades una provisión genérica equivalente al 7% de esa cantidad, a realizar contra resultados. Su importe total está en torno a 10.000 millones, pero hay que tener en cuenta que algunas entidades todavía conservan parte del colchón de ahorros que les obligó a realizar el Banco de España en tiempos de bonanza. Estas provisiones nunca han sido tomadas en cuenta por la Autoridad Bancaria Europea, pero sería un contrasentido que no fueran consideradas por el supervisor español.
Las ventajas de una fusión
Flexibilidad en las condiciones
Las entidades que participen de un proceso de fusión, para lo que se tomarán en cuenta las emprendidas desde el pasado septiembre, tendrán unas condiciones más flexibles. Podrán realizar los saneamientos exigidos durante dos ejercicios, aplicarlos contra el patrimonio y acudir a la financiación del FROB, que les aportará recursos a cambio de bonos convertibles contingentes, lo que en el argot financiero se ha bautizado como 'cocos', retribuidos al tipo de interés de mercado. Los 'cocos' no proporcionan derechos políticos al tenedor.
Obligaciones de los novios
Más tamaño con excepciones
Las fusiones tendrán que suponer un incremento de tamaño del 20%, aunque De Guindos admitió que podrán darse excepciones en las que el crecimiento se limite al 10%. Las entidades en proceso de fusión deberán presentar planes de viabilidad y asumir compromisos de «al menos» mantener el nivel de concesión de créditos. Deberán presentar los proyectos antes del 30 de mayo y las solicitudes se resolverán en un mes.
