El Gabinete Maroto deberá dar explicaciones sobre las consecuencias del desmantelamiento de la Agencia para la Revitalización integral de la Ciudad Histórica (Arich). Tal y como acordaron PP y Bildu, la sociedad seguirá existiendo como tal, aunque sus funciones y sus 14 empleados serán 'engullidos' por Ensanche 21. Como avanzó ayer EL CORREO, PNV y PSE tienen «dudas jurídicas y económicas» sobre este proceso, que califican de «improvisado». Ambos grupos exigieron ayer un consejo extraordinario de la Arich para aclarar diversas cuestiones, como planteaban los jeltzales.
Según los estatutos de la sociedad, basta con que cinco de los trece consejeros de la Arich unan sus votos para forzar una reunión extraordinaria. PNV y PSE suman seis -tres cada uno-, y todos firmaron la petición, que fue registrada con varios temas a tratar.
En concreto, la Arich -presidida por el popular Fernando Aránguiz- debatirá sobre la petición de tres informes: uno sobre el ahorro que «supuestamente» generará esta decisión, otro sobre la situación del personal y un tercero sobre los costes de la disolución jurídica. El orden del día también incluye un «balance de situación» acerca de los órganos que tomarán ahora las decisiones y, para terminar, PNV y PSE pedirán «una explicación» sobre el estado de todos los programas y proyectos» que gestionaba la sociedad, como es el caso del centro de patrimonio vasco Zain, el de la Pelota, Escoriaza Esquível, la escuela Ramón Bajo, el polideportivo El Campillo, las lonjas y locales, la rehabilitación de viviendas, el proyecto Goian, las rampas mecánicas, los caños medievales y los itinerarios muralísticos.
Si no hay inconvenientes de última hora, el consejo se reunirá para analizar estas cuestiones en el plazo máximo de cinco días.
Facturas polémicas
Entre tanto prosigue la polémica en torno a la anterior gestión de la Arich. Ayer trascendió un informe del interventor municipal -encargado de velar por el buen uso del dinero del Ayuntamiento- en el que analizaba los gastos de representación de la Arich en 2009, cifrados en 25.862 euros (15.147 justificados con facturas y 10.714 correspondientes a una Visa Oro).
El alto funcionario detectó que entre los gastos justificados había 2.631 euros «sin comprobar la autorización ni el motivo» y otros 4.355 «sin verificar», por lo que propuso implantar «un sistema de control interno». Esta información fue remitida al por entonces presidente de la Arich, Juan Carlos Alonso. Algunas fuentes desvelaron que el equipo de Gonzalo Arroita había gastado «hasta 11.500 euros en un año» en un restaurante del centro y que además de hoteles o viajes «se habían financiado hasta disfraces para algunos bares».
Se da la circunstancia de que, anges de abandonar su cargo como gerente de la sociedad, Arroita dejó un informe económico redactado que mencionaba esta cuestión en septiembre de 2011. En él, el abogado recordaba que cobraba 94.000 euros brutos anuales y que tenía derecho a percibir dietas de kilometraje y manutención por desplazamiento que «en estos 44 meses hubieran supuesto 53.970 euros». Esta cantidad «no fue reclamada» porque optó por recibir una tarjeta de crédito con la que sufragó gastos «de difusión del proyecto». Las facturas por este concepto supusieron 38.520 euros, es decir, «inferiores a lo que por contrato hubiera podido percibir quien suscribe».
