La controversia persigue todo lo relacionado con el anuncio del Gobierno vasco de explorar la viabilidad de las reservas de gas no convencional hallado en Álava y valorado en 30.000 millones de euros. Tras las conclusiones de un informe de la Unión Europea sobre la no necesidad de elaborar nuevas leyes, ayer le tocó el turno al Parlamento vasco. Más cercana a la posición de los grupos ecologistas, la Cámara de Vitoria votó, con la excepción del PSE, a favor de que el Gobierno vasco inicie de oficio la evaluación ambiental y un análisis de los riesgos de la actividad sobre el suelo y la salud humana.
La plataforma 'Fracking Ez', a la que se han unido ya 18 grupos ecologistas, sindicatos y partidos, asistió al pleno y agradeció a los grupos el esfuerzo realizado. Sin embargo, su portavoz, Andrés Illana, reconoció que les habría gustado que se pidiera expresamente la paralización de todo el procedimiento iniciado para explorar varios pozos en Álava, como hicieron las Juntas Generales del territorio, y como pide también el Ayuntamiento de Vitoria.
Durante el debate, la parlamentaria socialista Natalia Rojo pidió dejar de lado «el alarmismo social» y aseguró que el Gabinete López cumple la legalidad y acompaña de estudios de impacto ambiental todos los permisos que ha pedido al Gobierno central «por mucho que se empeñen en decir lo contrario».
En este sentido, explicó que fue el Ejecutivo central el que consideró innecesario ampliar el estudio de impacto ambiental porque entiende que explorar varios pozos «no es lo suficientemente importante». También criticó la posición del PNV, al recordarle que el proyecto nació de la legislatura anterior, y al PP, «porque gobierna en el Ayuntamiento y la Diputación y apoya este ejecutivo». Rojo anunció una próxima comparecencia del consejero de Industria, Bernabé Unda.
«Chapucera»
Javier Carro (PNV) aclaró que su partido impulsó este proyecto con los estudios correspondientes de impacto ambiental de 16 pozos -luego reducidos a 9- y explicó que con el PSE en el Gobierno vasco, éste ha gestionado el asunto de manera «chapucera» y ha «mentido permiso a permiso» para quedar eximido de una declaración de impacto ambiental que implicaría su fase de exposición pública, lo cual no ocurre con los estudios de impacto.
Mientras el PP pedía «claridad» al Departamento de Industria, Aralar criticaba la búsqueda de resquicios legales para no estudiar el impacto, EA recordaba las dudas en el mundo sobre la fracturación hidráulica y UPyD enumeraba los países en los que se había prohibido el método de extracción. El proponente de la iniciativa, Mikel Arana (Ezker Anitza-IU), que aceptó una enmienda transaccional para unir más fuerzas, pidió que por el principio de cautela se haga y se abra a exposición pública el proyecto.
