«Me preocupa personalmente que los funcionarios de policía se sientan indefensos, desprotegidos por parte del Poder Judicial, tienen derecho a ejercer su trabajo con la mayor garantía, lo voy a abordar». El fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro, confiesa su inquietud ante las quejas por parte de los agentes de la autoridad, expresión última de la Justicia, de que las agresiones que sufren «salen gratis», y anuncia que será «sensible a su demanda».
El máximo representante del Ministerio público en Euskadi pidió a la fiscal provincial de Bizkaia, Carmen Adán, el informe sobre el caso de la brutal agresión a dos policías municipales en el barrio bilbaíno de Rekalde para conocer la razón por la que el fiscal no había pedido la prisión provisional para los cuatro imputados. «Se entendió que era una medida excepcional, el último recurso, que se aplica cuando hay una serie de requisitos, como el riesgo de reiteración en la acción delictiva, antecedentes o riesgo de fuga, entre otros. El fiscal, acertada o equivocadamente, entendió que no procedía en este caso», explica Calparsoro.
No obstante, matiza que existe la posibilidad de que el juez convoque a las partes para que se pronuncien al respecto, sobre si quieren pedir prisión provisional o no, aunque no sea una medida habitual en los juzgados. Advierte además de que la prisión preventiva se puede decretar también en medio del proceso instructor que acaba de empezar. Calparsoro adelanta que el fiscal acusará en este caso y que calificará los hechos como atentado contra la autoridad en concurso con lesiones, probablemente lo mismo que la acusación particular, representada por el Ayuntamiento de Bilbao.
«Los policías gozan de una protección especial en el Código Penal, mayor que un ciudadano normal, precisamente por la función que desempeñan en la vía pública, en contacto directo con presuntos delincuentes», sostiene.
«Tenemos que escucharles»
Los sindicatos policiales SVPE, Erne y Esan han apelado directamente al Poder Judicial para evitar que los atentados contra la autoridad queden prácticamente impunes. Las centrales denuncian que en muchos casos quedan finalmente en delitos o faltas por lesiones y las penas se limitan a simples multas, que en ocasiones no se llegan a pagar al declararse los autores insolventes.
Calparsoro entiende que los representantes sindicales de los funcionarios policiales les pidan «más protección frente a las agresiones», lo considera «razonable, sigue el cauce legal», y anuncia: «lo voy a tratar con los fiscales jefe, los policías se merecen la mayor protección. Quieren que seamos más sensibles a su función en la calle», comprende.
«Tenemos que escucharles», admite Calparsoro, «aunque luego somos nosotros los que decidimos en cada caso y siempre respetando las garantías de los detenidos y sus derechos». El fiscal jefe espera poder reunirse con los máximos responsables de la Policía Municipal de Bilbao «para abordarlo de manera directa y buscar fórmulas y protocolos».
Calparsoro, sin embargo, se muestra contrario a otra pretensión de las centrales sindicales, la de que los ayuntamientos o Gobierno vasco, según el caso, se personen como acusación particular «de forma sistemática» el mismo día que se cometen los hechos, cuando se produce un ataque contra un funcionario de policía. «Para eso están los fiscales, sería una muestra de desconfianza hacia nuestra labor, no es precisa esa personación», opina.
«Me preocupa que los policías tengan esa percepción, sea cierta o incierta, cuando están en la calle tratando con gente de todo tipo. Se merecen al menos que se justifiquen las decisiones», sentencia el fiscal jefe.
