Los cuatro jóvenes imputados por agredir a dos policías municipales en Rekalde el pasado 12 de enero cobran ayudas sociales. En concreto, cada uno de ellos recibe la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que supera los 900 euros, según ha podido saber este periódico. La agresión se produjo a las nueve de la mañana. Una patrulla de la comisaría central de Garellano recorría el barrio para controlar la carga y descarga y pidió, en dos ocasiones, a un conductor que retirara un vehículo mal aparcado entre las calles Anboto y Esperanto.
Acompañado de varias personas, el infractor comenzó a agredir a uno de los agentes, y a él se unieron los demás implicados. El compañero del policía salió en su defensa y también recibió golpes. Uno de los agentes, el más grave, sufrió la rotura del hueso del pómulo y contusiones por la cabeza, y el otro presentaba hematomas y contracturas por todo el cuerpo. Ambos permanecen aún de baja a causa de la brutal paliza, aunque lo peor son las secuelas psicológicas. Según testigos, los individuos le quitaron la porra a uno de los policías e intentaron también arrebatarle el arma reglamentaria.
Con edades comprendidas entre los 24 y los 29 años, tres son hermanos. Sus familias han contratado a uno de los abogados penalistas más prestigiosos de Bilbao para que les defienda. Dos de los arrestados, entre ellos el conductor infractor, cuentan con antecedentes policiales por lesiones, agresión física y tenencia de arma prohibida. Uno de los agresores tiene un coche a su nombre, y los otros tres conducen habitualmente vehículos de alta gama, aunque los titulares son otros familiares.
Este tipo de conductas, aunque sean moralmente reprochables, no cuentan a la hora de conceder una ayuda o anularla, salvo que se pueda demostrar que están trabajando al mismo tiempo que reciben la compensación, o que han comprado propiedades durante ese tiempo. Sindicatos policiales han pedido en reiteradas ocasiones que les sean retiradas las ayudas a los delincuentes, aunque esta reclamación no ha llegado a aplicarse.
En la actualidad, y desde hace apenas un mes, la gestión de las ayudas recae en Lanbide, aunque hasta ahora dependía de los servicios sociales municipales. Lanbide ha iniciado un proceso de control con el envío de cartas certificadas a los 56.000 perceptores, y sobre 4.000 de ellos, que no han dado señales de vida -lo que indicaría un empadronamiento irregular-, se ha abierto una investigación que podría culminar en la suspensión cautelar de las prestaciones.
La RGI busca evitar que una persona que carece de ingresos termine en la calle, y asciende a 640 euros. Después, se puede completar con la prestación complementaria de vivienda por el alquiler de un piso, 250 euros más, y otras por hijos menores a cargo.
«El juez aplica la Ley»
Los cuatro presuntos agresores quedaron en libertad tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao. En el caso de que el magistrado hubiera decretado la prisión provisional, las ayudas a estos individuos habrían sido retiradas de forma cautelar. Fuentes judiciales señalan que, para que el juez hubiera acordado la prisión preventiva, tendría que haber sido solicitada por el Ministerio fiscal, que no lo consideró oportuno, o por la acusación particular, representada por el Ayuntamiento de Bilbao, que aún no se había personado en la causa. «Un juez sólo puede aplicar la Ley; quienes tienen potestad para cambiarla son los legisladores», apuntan estas fuentes.
Los sindicatos SVPE, Erne y Esan han reclamado recientemente que se «protocolice» la presentación inmediata de los ayuntamientos u otras instituciones cuando un funcionario, en este caso un policía, sufre una agresión, aunque otras fuentes apuntan a que esta fórmula sería impensable en el actual sistema judicial y un derroche de recursos públicos.
Por su parte, el sindicato ELA y el comité de empresa del Consistorio de Bilbao han convocado una concentración de policías para el próximo miércoles, 8 de febrero, a mediodía frente al Palacio de Justicia de Bilbao, bajo el lema 'Respeto a la labor policial', a la que están llamados los agentes de todos los cuerpos presentes en el País Vasco.
