La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha solicitado un informe médico-científico para conocer si la píldora del día después causa algún tipo de efecto secundario en las mujeres que la consumen, especialmente en las jóvenes. Si así fuera, señaló, su ministerio dejaría de financiarla, aunque la ministra aclaró que en su cargo nunca tomará medidas por cuestiones «ideológicas, morales o éticas».
Ana Mato no detalló a quién ha solicitado el informe, pero aseguró que se trata de un asunto de «salud pública». El Gobierno se plantea que la píldora vuelva a dispensarse con receta como ocurría hasta 2009, cuando el departamento socialista de Trinidad Jiménez decidió cambiar la regulación.
En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, la ministra de Sanidad aseguró que los cambios en la ley del Aborto y las nuevas medidas de apoyo a las mujeres buscan que las menores embarazadas «cuenten con el apoyo de sus padres a la hora de enfrentarse a una situación tan dramática como es decidir entre abortar o no». La modificación de la norma tendrá como fin «defender el derecho a la vida en los términos que dicte la sentencia del Tribunal Constitucional».
La reforma de la ley volverá a exigir la autorización paterna en el caso de las menores que vayan a abortar y fijará «supuestos» y no plazos para el aborto libre, como actualmente está estipulado.
Reacciones encontradas
Las reacciones al cambio en la legislación sobre el aborto no se hicieron esperar. La diputada por Alicante y exministra de Sanidad, Leire Pajín, consideró «indignante» la reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo. «Es como meterse en la máquina del tiempo», dijo.
La exministra criticó que, con la reforma, las mujeres estarán «bajo sospecha» por no poder abortar libremente y sólo poder hacerlo en ciertos supuestos. También denunció que bajo las nuevas reglas los médicos permanecerán «inseguros» a la hora de practicar interrupciones de embarazos.
En parecidos términos se expresó la Secretaría Confederal de la Mujer de CC OO, que defendió el derecho de las mujeres a decidir «libre y responsablemente» sobre su maternidad y expresó su «rechazo» por la vuelta de una situación de «indefensión e inseguridad» contra las mujeres y profesionales.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) abundó en este argumento y advirtió de que la nueva ley «abrirá«de nuevo la puerta» a que éstas pongan fin a la gestación de forma clandestina. ACAI subrayó que la reforma supone no sólo tutelar la decisión de las mujeres de 16 y 17 años, sino «convertir en menores de edad a todas las mujeres españolas». Según sus datos, las mujeres de 16 y 17 años que no pueden comunicar su decisión al tutor legal representan tan sólo un 0'41% de las mujeres que abortan. «Sin embargo, este colectivo de menores representan a un grupo altamente vulnerable»
En el lado opuesto, la organización Derecho a Vivir felicitó al Gobierno por «dar un paso atrás en las leyes abortivas y un paso adelante en defensa de la vida». También la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa) mostró su apoyo a la reforma.
