Nunca antes las víctimas de los crímenes del franquismo habían declarado en un tribunal español. Ayer pudieron hacerlo ante el Tribunal Supremo, aunque en un contexto bien diferente al que hubieran querido. María Martín, Pino Sosa y Ángel Rodríguez fueron los tres primeros testigos en comparecer ante la sala que juzga a Baltasar Garzón por presunta prevaricación en la investigación de los desaparecidos de la dictadura. Sus testimonios fueron conmovedores, pero poco aportan a lo que aquí se enjuicia. Les sirvió, en cierto modo, para desahogarse ante el tribunal, cuyo presidente, Carlos Granados, se mostró muy cordial con ellos.
El historiador gallego Ángel Rodríguez, de la Asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra), fue el más conciso. Relató la larga e infructuosa batalla legal que emprendieron en los años ochenta para que la justicia facilitara la búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Señaló que en su denuncia relataba «un plan sistemático de eliminación y genocidio» perpetrado entre 1936 y 1939, y que su intención era conocer cómo se habían producido las muertes y dónde estaban las personas desaparecidas. «Creímos que solo se podía hacer a partir de una intervención judicial, de ahí que acudiéramos a la Audiencia Nacional», defendió.
Previamente, María Martín López, de 81 años y representante de la Asociación Nuestra Memoria de la Sierra de Gredos, contó que a su madre la mataron el 21 de septiembre de 1936 y aseguró que hasta que interpuso la denuncia en la Audiencia Nacional, ninguna administración había hecho «nada» por ayudarle a encontrar a su madre ni al resto de asesinados de su pueblo, Pedro Bernardo, en Ávila. También Pino Sosa, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Araucas, en Gran Canaria, explicó que acudieron a la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 «en busca de justicia» .
El presidente del tribunal llamó la atención al abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, por tratar de banalizar los testimonios de las víctimas. En un momento dado, el letrado intentó confundir a una de ellas diciéndole que las denuncias que presentaron en la Audiencia Nacional fueron archivadas.
