Los bancos se aproximan estos días a las nuevas exigencias de saneamiento que les impondrá el Gobierno vía decreto en el Consejo de Ministros de mañana. Es una reforma que se ha cocinado casi al margen del sector, con lo que ello tiene de bueno y de malo, como una menor capacidad de presión corporativa, pero también un relativo desconocimiento de los problemas. La posibilidad de que se estreche al máximo el cerco sobre el inmobiliario, con exigencia de provisiones no sólo sobre los activos 'problemáticos', sino también sobre los préstamos que están al corriente de pago, ha encendido nuevas alarmas.
El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, desde la relativa tranquilidad que le proporciona haber protagonizado la primera fusión puramente bancaria en esta ronda de la reestructuración, ha sacado la cara por un sector como el inmobiliario que, según recordó ayer, genera el 20% del valor añadido bruto de la producción en España. Pero, sobre todo, invitó a «no demonizar» la vivienda, un activo que es el principal patrimonio de los españoles.
Ocho de cada diez disponen de ella en propiedad, una proporción única en Europa. «Deprimir su valor no traerá nada bueno para el consumo de las familias», pronosticó. Añadió que vender el 'stock' de inmuebles es una prioridad para el país, y que el ajuste del valor no puede ser la única vía. «No es posible pensar que solo con la reforma financiera se van a mejorar las cosas», apostilló.
Las cuentas de Banco Popular arrojaron un beneficio de 479,6 millones de euros en 2011, una cifra que supone un descenso del 18,7% respecto a las ganancias del ejercicio anterior. En la presentación de resultados, Ron explicó que, solo el pasado año, la entidad cargó 1.691 millones de euros a provisiones, incluida la dotación extraordinaria de 466 millones del primer trimestre.
Reservas
Para mejorar las coberturas de los activos improductivos -y en especial del inmobiliario- el banco dispone del ajuste por 1.580 millones de euros contra reservas que puede permitirse gracias a la adquisición del Pastor, un proceso que estará concluido al término del primer trimestre.
El presidente del Popular tuvo duras palabras para el «marasmo regulatorio» en el que, sucesivas disposiciones de autoridades europeas y también españolas, han ido introduciendo principios confusos y también discriminatorios en sus exigencias para la puesta a punto de las entidades, con sucesivas pruebas de estrés, cambios en los requerimientos de capital y modificaciones en los términos de cálculo.
Ángel Ron compartió en parte la polémica acusación de Emilio Botín a los políticos de ser los culpables de la crisis. «La fuerte presión que los ciudadanos ejercen sobre los políticos les ha llevado, en el ámbito internacional, a buscar en los bancos el chivo expiatorio», dijo.
