La UE avanzará a 25 con el tratado concebido para blindar su estabilidad económica. Reino Unido y Chequia certificaron en la cumbre del lunes en Bruselas que no rubricarán el pacto fiscal, una decisión que ya se daba por segura en el caso británico pero que sorprendió con el país centroeuropeo. Praga desconcertó todavía más a sus socios con el lenguaje utilizado para rechazar el texto. «No aporta nada nuevo ni útil», espetó el primer ministro, Petr Necas.
El pacto fiscal persigue esencialmente que los socios comunitarios se comprometan en sus constituciones a no gastar más de lo que ingresan. Con este principio, conocido como la regla de oro, los 17 miembros de la zona euro buscan armonizar más sus economías y convencer a los mercados de que no se repetirán los errores actuales. Dado que todos los socios salvo Reino Unido y Dinamarca tienen la obligación de unirse a la moneda única en el futuro, la UE apostó en principio por un acuerdo que aglutinara a los Veintisiete. Además, se pretendía mantener la unidad dentro del bloque para evitar la consagración de una Europa a dos velocidades que pudiera llegar a poner en peligro todo el proyecto.
En diciembre, sin embargo, Londres dejó claro que no viajaría en el mismo tren. David Cameron condicionó su respaldo al blindaje de la City, el mayor centro financiero de Europa y uno de los grandes motores de la economía británica. La UE, convencida de la necesidad de regular algunos aspectos de los mercados, rechazó la propuesta con Francia a la cabeza. Reino Unido quedaba aislado y, por primera vez en la historia, el bloque miraba al futuro desunido. En un intento por evitar que la fractura fuera insalvable, los socios acordaron que los británicos participarían como observadores en la negociación del tratado y seguirían asistiendo a cumbres como la del lunes para ratificar su contenido.
La sorpresa llegó cuando Chequia, que en diciembre había mostrado su apoyo al pacto, anunció que se descolgaba. Tras cargar duramente contra el documento, el primer ministro remarcó que no cuentan con el respaldo suficiente para modificar la Constitución. «Es una razón insuperable», aseguró Necas, dirigente del Partido Democrático Cívico (ODS) y que lidera una coalición de centroderecha que podría venirse abajo por su decisión. De hecho, el ministro de Exteriores, Karel Schwarzenburg, exhibió ayer su irritación y anticipó que el Gobierno formado hace dos años podría caer. Hasta ahora, la crisis del euro ya se ha llevado por delante a los Ejecutivos de Italia, Grecia y Eslovaquia.
Cláusula de seguridad
El ODS fue fundado en 1991 por Vaclav Klaus, actual presidente del país. Conocido por su euroescepticismo, el mandatario ya le puso las cosas muy difíciles a la UE en 2009. Entonces, intentó impedir la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Al parecer, ya ha anunciado que también tratará de bloquear el pacto fiscal. Aunque no hay una fecha concreta, el 'no' del Ejecutivo condiciona el acceso del país a la moneda única así como la posibilidad de recurrir al renovado fondo de rescate en caso de que se derrumbe su economía.
Los 25 socios tienen previsto firmar el tratado el 1 de marzo. Para evitar retrasos en su entrada en vigor, el texto se activará cuando 12 de estos países lo hayan ratificado. Pese a esta cláusula de seguridad, el proceso puede estar repleto de baches. Nicolas Sarkozy admitió el lunes que Francia no lo aprobará hasta después de las presidenciales de mayo. El problema es que François Hollande ha mostrado su oposición a la introducción de un techo de gasto en la Constitución como hizo España el pasado verano. Irlanda, que tuvo que votar en dos ocasiones el Tratado de Lisboa, ya ha empezado a estudiar si tiene que convocar otro referéndum.
Aunque queda mucho camino por recorrer, el pacto fiscal ya tiene una gran triunfadora: Angela Merkel. La canciller, promotora del acuerdo para grabar a fuego la disciplina presupuestaria, ha logrado cerrar el texto en apenas dos meses. El articulado no solo contempla la regla de oro, sino que involucra al Tribunal de la UE en su verificación y hasta establece multas millonarias para los países incumplidores.
