Un grupo de 141 parlamentarios franceses, tanto de derecha como de izquierda, ha recurrido ante el Consejo Constitucional la ley que penaliza la negación de los genocidios, entre ellos la matanza de armenios cometida por el Imperio Turco Otomano durante la Primera Guerra Mundial. La nueva norma fue aprobada el pasado 23 de enero y debe ser promulgada en los próximos días. El recurso fue presentado por 65 diputados y 76 senadores, un número muy superior al mínimo de 60 parlamentarios necesarios para que la apelación sea aceptada. La iniciativa de los políticos galos fue agradecida ayer por el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan.
La ley, que contó con el respaldo de una gran mayoría de las dos cámaras durante su debate, prevé imponer sanciones de un año de cárcel y 45.000 euros de multa a quienes nieguen cualquier genocidio reconocido por Francia. Hasta hoy, el país ha reconocido como tal el Holocausto y la matanza de armenios por el Imperio Otomano.
La aprobación de esa ley tensó la relación bilateral con Turquía, que no reconoce dicho genocidio y lo sitúa entre los 'hechos de guerra' previos a la I Guerra Mundial. Por ello, tras el visto bueno otorgado a la normativa, Ankara dio por rotas las relaciones diplomáticas y militares con París, pese a que ambos países forman parte de la OTAN.
Exigencia de la UE
El reconocimiento y la presentación de disculpas por el genocidio armenio es una de las principales exigencias de la UE para tramitar la entrada de Turquía. Ankara inició las conversaciones de adhesión en 2005, pero los progresos han estado rodeados de tensiones entre Turquía y Chipre, ya miembro de la UE, y ha contado con la oposición de Francia y Alemania.
Turquía no niega las masacres de civiles armenios, pero no admite que se tratasen de un genocidio. Sin embargo, son generalmente reconocidas como el primer genocidio sistemático de la era moderna y son el segundo caso más estudiado detrás del Holocausto judío. Entre los países que han reconocido el genocidio se encuentran Argentina, Bélgica, Canadá, EE UU, Francia, Italia, Rusia y Uruguay, postura a la que se han adherido el Parlamento Europeo y la subcomisión de Naciones Unidas para la Discriminación y la Protección de las Minorías.
