¿Reparto de papeles en el Gobierno en la recta final de la reforma laboral? Si el martes Mariano Rajoy daba por descontada una huelga general en España como reacción de los sindicatos a los cambios que ultima su gabinete en el curso de una conversación informal con el primer ministro finlandés, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, confiaba ayer, tan solo 24 horas después, en que la reforma cuente con «el respaldo de todos los ciudadanos».
Sea como fuere, el hipotético desliz del presidente del Gobierno ante un traicionero micrófono abierto en Bruselas sigue haciendo correr ríos de tinta. Pero como si esas palabras -«la reforma laboral me va a costar una huelga», dijo a su colega Jyrk Katainen- nunca hubieran sido pronunciadas, Fátima Báñez insistió en que «en próximas fechas habrá una reforma laboral completa y equilibrada» que ayudará a «cortar la sangría del paro que hay en el país y a crear empleo».
Al tiempo, la 'número dos' de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, que participaba en un desayuno de Europa Fórum, obviaba cualquier referencia al eventual paro general y lanzaba un doble mensaje: El Ejecutivo del Partido Popular buscará el máximo consenso para las reformas estructurales que el país necesita y, en todo caso, las llevará a término pues, dijo, «está para lo que hay que hacer».
«En este Gobierno no hay cálculos electorales, ni suspensión de obligaciones, ni aplazamiento de responsabilidades», señaló la vicepresidenta bajo el argumento de la responsabilidad debida para «sacar al país de la crisis». El Ejecutivo, resumió, hará «reformas profundas, de calado y decididas» para permitir a este país «respirar y volver a mirar hacia adelante».
El temor de Gallardón
Sí se refirió a una hipotética huelga el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que en declaraciones a televisión explicó que el temor a un «desencuentro» con las fuerzas sociales no puede frenar las medidas necesarias en una situación de tal gravedad. El exalcalde de Madrid situó ese desencuentro en un posible giro de la negociación colectiva más allá de lo pactado por los agentes sociales, para dotar de más «flexibilidad» a las empresas en una situación económica «extraordinaria» como la actual.
Mientras, el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, aunque admitió que los antecedentes de huelga «no son favorables», prefirió ver el lado positivo porque «el futuro está por escribir».
También el vicepresidente de CEOE y líder de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, se refirió a ese eventual paro para «compartir» la preocupación de Mariano Rajoy. «No es el momento de hacer huelgas, los sindicatos no están para hacer huelgas. Yo entiendo su postura, pero no creo que sea lo mejor ni lo que convenga al país. Yo espero que todos razonemos y empujemos todos», añadió.
CCOO y UGT se declararon defraudados del resultado del Consejo Europeo celebrado el lunes en Bruselas. La formación liderada por Ignacio Fernández Toxo aseguró que los líderes comunitarios han vuelto a olvidarse del crecimiento y el empleo, y aprovechó, sin ofrecer más detalles, para anunciar que «impulsará» la jornada de acción europea convocada par el 29 de febrero por la Confederación Europea de Sindicatos (CES). La central ugetista instó una vez más a Mariano Rajoy a convocar de urgencia a los agentes sociales para detallarles en persona sus planes para el mercado laboral español.
