La jueza que investiga el supuesto fraude en los ERE pagados con dinero público en Andalucía, Mercedes Alaya, ha comenzado a dibujar el peor de los escenarios posibles para el PSOE. A dos meses de las elecciones autonómicas, ayer imputó a un alto cargo en activo del Gobierno regional. Se trata del director de Empleo de la Junta, que supuestamente habría ordenado en 2010 pagos a favor de dos supuestos extrabajadores del laboratorio fotográfico Surcolor que en realidad no pertenecían a la empresa. Entre la veintena de imputados figuran también su antecesor en el cargo y varios responsables de consultoras, abogados, empresarios y sindicalistas.
El actual director de Empleo de la Junta, Daniel Rivera, y su antecesor, Juan Márquez, sucedieron en el puesto a Francisco Guerrero, principal imputado en la trama y la persona que llegó a calificar ante la Policía al fondo destinado a empresas en crisis como «fondo de reptiles», en alusión a que se repartían las subvenciones sin ningún tipo de control y se incluía en el último minuto a personas ajenas a los expedientes de prejubilación. En su última declaración, el pasado jueves, aseguró que las decisiones que tomaba eran «conocidas por sus superiores».
