Íñigo Nagore, consejero de Agricultura, y Miguel González de Legarra, presidente del PR, no tienen la misma percepción sobre los plazos de aplicación de la directiva europea que prohibirá utilizar el SO2 (anhídrido sulfuroso) en la limpieza y desinfección de barricas (el tradicional 'mechao'). Esta decisión, que podría suponer la sustitución de todas las barricas una vez utilizadas, debía haber entrado en vigor en febrero de 2011, se aplazó hasta mayo de 2012 y, según el consejero, «no descartamos que se pueda producir otra prórroga, porque los procedimientos de revisión son bastante complicados».
Legarra, sin embargo, lamenta que una directiva aprobada en el año 98 no se haya discutido desde entonces teniendo en cuenta el impacto que podría tener sobre la vitivinicultura en La Rioja: «Nadie, ni desde el Gobierno central, ni desde el regional, ni desde el Consejo Regulador ha contestado esta decisión».
Más si se tiene en cuenta el impacto económico que podría producir en la región, en la que hay un parque de alrededor de un millón de barricas y que una de 200 litros puede costar entre 300 y 800 euros según la calidad de la madera.
Nagore subrayó que «hace falta que el sector ponga encima de la mesa los argumentos que justifiquen la necesidad de mantenerlo como sustancia para desinfectar las barricas» y aseguró que el asunto ya se le ha trasladado a Arias Cañete.
Legarra apuntaba a que para que la Comisión Europea haga una excepción con ese producto es necesario un informe de una consultora externa, que tendría un coste de entre 300.000 y 500.000 euros. Sus datos indican que los productores de vino de Francia ya han comprometido 100.000 euros para este fin, los de Portugal 30.000 y la patronal europea de productos enológicos otros 30.000 euros. Pero las cifras aún están lejos de las necesarias.
