Cubriéndose la cara con la bufanda, el riojano M.A.L., acusado de posesión y distribución de pornografía infantil, alcanzó un acuerdo previo con la Fiscalía por el que su pena de prisión queda reducida a 7 meses y 15 días, con lo que el imputado no irá a la cárcel, al no constarle antecedentes penales.
A la pena se le suma la prohibición de dirigir o constituir cualquier asociación relacionada con actividades infantiles o juveniles y el decomiso de todo el material incautado por la policía. A pesar de que inicialmente solicitaba tres años de prisión, el fiscal suprimió la acusación de 'distribución' del escrito original y redujo un 80% la pena de cárcel.
El acuerdo de conformidad clausuró el caso que se había iniciado en 2009, cuando la Jefatura de Policía de Valencia interceptó a cinco personas que intercambiaban pornografía infantil a través de programas de descarga de archivos como Ares o Emule, entre los que se encontraba el acusado M.A.L., vecino de San Vicente de la Sonsierra.
Al registrar el material informático del autor de los hechos, la Policía detectó que «prácticamente la totalidad del contenido -de los discos duros- era de contenido sexual, fundamentalmente pornografía infantil», entre los que se contabilizaron 300 videos y 500 archivos comprimidos con nombre alusivo a pornografía infantil, según relata el texto de la Fiscalía.
Según relató la jueza ante el acusado durante la lectura del acuerdo que será plasmado en una sentencia, los archivos que se hallaron en su domicilio contenían además videos e imágenes «de menores de cualquier edad desnudos o practicando sexo con adultos, existiendo en ambos discos duros imágenes aberrantes por su temática de zoofilia o bestialismo».
M.A.L. tenía instalado en el ordenador el programa Ares, con el que intercambió ese material a través del sistema P2P entre febrero y marzo de 2009. Un particular que al tratar de descargar vídeos musicales había dado con dicho material dio la voz de alarma a las autoridades, que procedieron a investigar sobre el origen de esos videos a través de las direcciones IP y las líneas telefónicas.
Cinco personas fueron declaradas responsables de compartir uno de los archivos bajo nombres alusivos, con lo que el fiscal consideró probado que «había intencionalidad y eran conocedores de su delito».
Entre lágrimas, y cubriéndose la cara pese a la ausencia de público en la sala de vistas, M.A.L. asumió los cargos y los hechos que se le imputaban y a través de su letrado dio conformidad al acuerdo previo al mismo tiempo que solicitó la supresión de la pena de 7 meses y 15 días a la que finalmente fue reducida la condena, en la que no incurrió ningún atenuante ni circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal del acusado.
