Los más de 1.800 vizcaínos que padecen una discapacidad moderada (grado I-nivel 2) y que solicitarán este año por primera vez una prestación podrán finalmente cobrarla. La Diputación anunció ayer que asumirá el pago total de las ayudas tras los recortes realizados por el recién estrenado gobierno del PP, que debía sufragar el 50% del gasto. El Ejecutivo central ha suspendido hasta 2013 el abono de las nuevas incorporaciones al sistema para frenar el déficit público, pero la entidad foral no quiere dejar pasar un año en blanco. La decisión exigirá a las arcas territoriales un desembolso extra de 1,5 millones de euros.
La Ley española de Dependencia, aprobada en 2006, estableció un calendario para que las personas afectadas accedan a ayudas. Desde enero de 2007 pueden solicitarlas los grandes dependientes (grado III) y durante los siguientes tres años se incorporaron los dependientes severos (grado II). Entre 2011 y 2012 deberían sumarse los dependientes moderados con diagnósticos más graves y el siguiente bienio los afectados más leves (grado I-nivel 1).
Pero la crisis se ha cruzado en el camino. En el primer tijeretazo que el nuevo Gobierno central aplicó al gasto el pasado diciembre se incluyó una moratoria para la Ley de Dependencia que congelaba la emisión de nuevas ayudas para este año. Esto es, aquellos que ya cobran subsidios los mantendrán, pero el equipo de Rajoy no sufragará nuevas incorporaciones al sistema hasta el próximo enero. La decisión ha puesto el foco sobre las diputaciones -responsables de pagar las cuantías a partes iguales con el Estado- y algunas ya han reconocido su incapacidad para gestionar las solicitudes en solitario. Por ejemplo, en Madrid 16.000 dependientes no podrán optar a ayudas; en Tarragona, 3.660; en Valladolid, 3.200, y en Castellón, 1.400.
Pero Bizkaia no se sumará a esta lista. El consejo de gobierno de la Diputación ha acordado esta semana que las arcas forales podrán asumir el coste. «El bloqueo de acceso al cobro establecido por el Gobierno español queda sin efecto, pagaremos la prestación que les corresponde a las personas dependientes en grado moderado», precisaron ayer portavoces de la administración del territorio histórico a través de un comunicado. «Es un nuevo compromiso con la sociedad, cumpliremos los plazos establecidos para reconocer el derecho a las prestaciones de las personas dependientes y sus cuidadores», añadieron.
Desde que la Ley de Dependencia entrara en vigor hace cinco años, los perceptores de las ayudas en Bizkaia han recibido 38,4 millones de euros. Las prestaciones permiten lograr desde asistencia domiciliaria a subvenciones económicas, pasando por ingresos en residencias. El número de nóminas abonadas ha pasado en este tiempo en la provincia de 20 a 10.695. Con la partida económica especial que se utilizará este año, la lista de dependientes con derecho a ayuda romperá, según las estimaciones forales, la barrera de los 12.000 atendidos.
Álava, también
El mismo día en el que los gestores de la Hacienda vizcaína anunciaban sus intenciones, Álava hacía lo propio. La Diputación gobernada por el PP también mantendrá este año las ayudas a los dependientes moderados. Pese a asegurar que «entiende» al Gobierno central, la responsable de los Servicios Sociales alaveses, Marta Alaña, confirmó ayer que el territorio vecino tampoco aplazará la entrada de nuevos beneficiarios en el sistema de prestaciones. Aunque, matizó, que la inversión se mantendrá siempre que no se produzcan nuevas situaciones que «obliguen» a «tomar otras decisiones». El pago de los nuevos casos obligará a la entidad foral a gastar entre 200.000 y 400.000 euros, cantidad que debería haber aportado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
