La juez de lo Contencioso-Administrativo, a la vista de los argumentos planteados por las partes, hace recaer toda la responsabilidad patrimonial del caso en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Acepta pues el argumento básico de los demandantes, pero también asume la impugnación, realizada por el Ejecutivo riojano, de las indemnizaciones reclamadas por los agricultores al entender que «por los actores no se han incluido en su demanda el desglose de los daños y su valoración para cada uno, sino que alzadamente reclama para todos ellos una cantidad total», entendiendo que el referido procedimiento de cálculo «no es correcto».
En su sentencia, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Logroño sostiene que la cuantía debe hacer referencia al lucro cesante, consecuencia, de la «pérdida de cosecha» mediante certificación del Consejo Regulador y en virtud de ésta revisa a la baja el montante final de la cifra indemnizatoria que será ejecutada.
