Ministerio fiscal, acusación particular y defensa llegaron ayer a un acuerdo, con el que el acusado se mostró conforme, por el que el logroñés J. F. A. P. fue condenado a dieciocho meses de cárcel por un delito de insolvencia patrimonial punible, al no devolver un crédito que solicitó a un prestamista privado por valor de 63.600 euros. J. F. A. P. carece de antecedentes penales y, por lo tanto, a no ser que vuelva a delinquir, no ingresará en prisión.
El acusado suscribió el 31 de enero de 2006 un préstamo privado a interés pactado con un prestamista privado por una cantidad de 60.000 euros. En este contrato se indicaba que el domicilio del prestatario estaba situado en una calle de Logroño, donde éste declaraba tener un piso.
El contrato estableció que, un año más tarde de la firma, el prestatario debería devolver al prestamista los 60.000 euros del principal más los 3.600 derivados de los intereses pactados a un 6% anual.
Llegada la fecha del vencimiento, J. F. A. P. incumplió sus obligaciones, fue requerido por el prestamista, que también le demandó en los juzgados. Pero no le pudieron ser embargados sus bienes patrimoniales, en este caso el mencionado piso, porque cinco meses después de firmar el préstamo, el acusado suscribió un contrato regulador de divorcio por el que su exmujer se quedaba con la totalidad del piso que había estado en gananciales, así como con las hipotecas que pendían sobre él. En 2008, la exmujer vendió la vivienda y saldó las hipotecas con las entidades bancarias.
