De las 56.000 cartas que ha enviado el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Correos le ha devuelto más de un millar por no estar registrado el beneficiario en el domicilio que dio al solicitar la ayuda económica. Lanbide investigará ahora si se deben a errores o a un posible fraude, según explicó ayer mismo la consejera de Empleo, Gema Zabaleta.
Los responsables de Lanbide citarán una por una al millar de personas implicadas para tratar de aclarar su situación y la razón por la que no figura como residente en el domicilio que aparece en su ficha. La consejera no quiso ayer incidir en la posibilidad de que se haya detectado una bolsa de fraude en el cobro de las ayudas. Aclaró que se va a iniciar una segunda fase en el proceso, que consiste en investigar a cada uno de esos perceptores.
En las cartas que ha enviado Lanbide a los 56.000 beneficiarios de la RGI les explica la asunción por parte de este organismo del pago de sus prestaciones económicas y la vinculación de esa ayuda con un proceso de búsqueda de empleo. En la misma misiva les informa de que personal especializado les llamará para que acudan a la oficina que les corresponda. Lanbide ha citado ya a más de 3.000 personas que reciben la renta de garantía en Euskadi.
La carta incluye dos números de teléfono a los que los beneficiarios pueden llamar para pedir cita e información sobre la oficina que le corresponde. Además, se les precisa que tanto la RGI como la Prestación Complementaria de Vivienda serán abonados desde 2012 directamente por Lanbide y no por los gobiernos forales, como ocurría hasta ahora.
La transición a ese nuevo sistema arrancó a mediados de diciembre. Para percibir esa ayuda el beneficiario debe estar empadronado en Euskadi; antes, con un año de antigüedad y, a partir de ahora, con tres, a menos que hayan cotizado cinco ejercicios a la Seguridad Social.
El traspaso de los subsidios sociales a Lanbide supone que para cobrar la prestación económica el perceptor deberá aceptar empleos y cursos de formación laboral, excepto cuando se trate de personas mayores que cobran un complemento para su pensión. El aumento de los requisitos dejará sin derecho a estas aportaciones económicas a cerca de 3.400 vascos, según los cálculos de Cáritas.
