La judicatura se mostró ayer aparentemente de acuerdo, pero sin ocultar sus reservas, con la idea lanzada por el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de celebrar juicios también en agosto, un mes inhábil procesalmente en las jurisdicciones civil y social, aunque no en la penal. En principio, tal propuesta, que Gallardón consideró lógica si se aspira a una Justicia más eficaz, fue aplaudida por el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de la Rosa, quien recordó que, en su opinión, la atascada Administración judicial necesita «cambiar» sus «conceptos tradicionales» y aprovechar al máximo los recursos disponibles, incluso celebrando juicios en horario de tarde. Y más en época de crisis.
De la Rosa puso como ejemplo para los jueces a los funcionarios de Sanidad o de la Administración Tributaria, que están disponibles para los ciudadanos todos los meses del verano. «Yo creo que (la propuesta) puede ser tenida en cuenta por los profesionales y el Poder Judicial para que todos los días puedan celebrarse juicios de todo tipo», declaró el vicepresidente del CGPJ.
El debate abierto por Ruiz-Gallardón se produce cuando ha comenzado a desplegarse la nueva oficina judicial, un cambio en la forma de trabajar de la Administración de Justicia en el que ya se ha discutido que abra por las tardes. No obstante varios vocales del Poder Judicial avisaron de que, al menos hasta ahora, el ministro de Justicia ha sido muy genérico sobre esas cuestiones y aseguraron que no es tan sencillo habilitar agosto.
«Solución a coste cero»
Parecido punto de vista manifestaron los principales colectivos profesionales de la judicatura, aunque formalmente expresaron su apoyo a la celebración de juicios en horarios y fechas más amplios que ahora. El portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, aseguró que Ruiz-Gallardón no ha hecho sino recordar algo que su grupo ya había puesto sobre la mesa. No obstante, aseguró a continuación que, para materializar los cambios, harán falta más jueces y, además, habrá que ponerse de acuerdo con el Consejo General de la Abogacía, puesto que los letrados tendrán que compaginar los juicios vespertinos con la atención a sus bufetes.
Igual que la APM, Jueces para la Democracia, de tendencia progresista, no rechazó los cambios en teoría. Pero alertó sobre las repercusiones prácticas que tendría señalar juicios en agosto, ya que es un mes tradicional de vacaciones para los abogados e igualmente para muchos testigos y particulares, que no acudirían a las vistas y obligarían a suspenderlas. «Es una medida que no tiene muchas ventajas y va en la línea que intenta implantar el nuevo Gobierno», razonó el portavoz del colectivo, José Luis Ramírez, quien acusó a Ruiz-Gallardón de querer «solucionar los problemas de la Justicia con un coste 'cero', pero sin profundizar en los problemas estructurales».
La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria quiso dejar claro, por su parte, que muchos jueces, funcionarios y secretarios judiciales trabajan en agosto. El portavoz de ese colectivo, José Luis González Armengol, declaró que la propuesta del ministro de Justicia debe ser analizada, consultada y valorada «convenientemente» por todos los sectores implicados. «Personalmente -afirmó-, yo me quedo trabajando muchas veces en agosto y cojo las vacaciones en otro mes».
