En el último pleno ordinario celebrado la noche del pasado lunes, la concejal del Partido Riojano (PR), Margarita Aldama, planteó un ruego al equipo de Gobierno «al hilo del rechazo de nuestra alegación contra el lugar elegido para la ubicación del crematorio funerario», considerando que «es forzar la legalidad urbanística, ya que siguiendo esta tónica pudiera ser que se instalara una fábrica de neumáticos en el centro de la ciudad».
La edil incidió en que el lugar elegido, en una parcela próxima a la Fundación Hospital Calahorra, «está en una zona donde más habitantes por metro cuadrado viven en esta ciudad» y que «el humillo, el olorcillo que emiten estos crematorios no va a ser agradable para los vecinos», y señaló que donde debería instalarse es «junto al Cementerio de San Lázaro, como se contempla en el Plan General».
La respuesta le llegó desde el portavoz del equipo de Gobierno, Luis Martínez-Portillo, quien comenzó por señalar que disculpaba a la edil por lo dicho, «debido a su desconocimiento del tema urbanístico», indicando que el Plan General «es una norma que rige todo el tema urbanístico de la ciudad y no se aprueba así como así, ya que lleva una tramitación de alrededor de siete años, incluyendo exposiciones públicas para posibles alegaciones, además del examen de la COTUR». Según el portavoz, «no podemos negarles que lo pongan ahí cuando legalmente lo pueden poner, y además no hay ni una sola prueba de que cause olores».
