«Somos profesionales que estamos al lado de las personas, tenemos una situación privilegiada para conocer los problemas que la crisis está dejando en la sociedad», tanto así que durante los últimos cuatro años el Colegio de Trabajo Social de La Rioja ha visto aumentar en un 500% la inclusión social y ha atendido a un 130% más que en 2007.
Arancha Villa, presidenta de este colectivo, anunció el rechazo y la preocupación que sienten ante la incorporación en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que será votada hoy en el Parlamento riojano, una cláusula que propone eliminar la obligatoriedad de que persista un ratio de un trabajador social por cada 4.000 habitantes en los Servicios Sociales de los ayuntamientos.
«Esta modificación abre la puerta a reducir la calidad de los Servicios Sociales, debilita al sistema público y pone en peligro la atención que reciben los ciudadanos en un momento de especial vulnerabilidad», señaló Villa.
La Rioja mantiene actualmente a 86 de estos profesionales en la Administración pública, «en muchos municipios, los únicos profesionales de referencia para resolver problemas», y los trabajadores sociales consideran que reducir ese número de plazas daría lugar a desigualdades entre los ciudadanos y su acceso a los Servicios Sociales.
«La Rioja ha hecho un esfuerzo en los últimos años por ponerse a la cabeza; lo poníamos como ejemplo. Los Servicios Sociales son una inversión, no un gasto, cuestan muy poco para la inversión social que suponen», argumentó Ana Isabel Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social.
Las representantes quieren que La Rioja continúe siendo una «comunidad modélica», y que no de un paso atrás con esta reforma, en la que Lima ve «un recorte», al haberse «por la puerta de atrás y sin preguntar a la ciudadanía», ya que se presenta directamente ante el Parlamento.
«Nosotras lo estamos viendo todos los días con las historias de la gente que nos llega, tenemos un compromiso muy importante con la gente», añadió Lima.
