Detrás del recorte cero en Educación, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública denunció que se oculta un «ataque a la enseñanza pública, que tiende a la privatización», ya que si bien «el monto se mantiene, varía la distribución». Mientras la enseñanza de régimen general se ha incrementado en un 0,76%, los conciertos educativos lo han hecho en un 2,38%, indican.
El colectivo, formado por CC OO, FAPA- Rioja , IU, Msepr, PCPE, STAR, STE- Rioja y UGT, criticó que «mientras la enseñanza pública carga con el peso de los recortes, se favorece la educación concertada». Las subvenciones a Bachillerato para concertados crecen un 33%, y la transferencia de capital a estos centros, un 119%.
«Hay plazas en el Bachiller de centros públicos, y sin embargo se le da al centro concertado una ayuda de 400.000 euros y 600 euros a cada familia, que coincide con un perfil medio-alto, mientras al que asiste a un centro público nada. Eso atenta contra los más elementales principios de igualdad», indica Mikel Bujanda, responsable de Educación de Comisiones Obreras.
«Esto no es un hecho más, se da dentro de un proceso de años para debilitar la enseñanza pública y fortalecer la privada, y esto nos va a traer problemas para que la enseñanza pública se desarrolle con los estándares de calidad que todos exigimos», señaló José Antonio Balbuena, del Msepr, que hizo referencia a un recorte acumulado del presupuesto de la Consejería, que desciende un 2,22% para 2012 y lo hizo en un 8% en el presupuesto de 2011.
Mayor en la universidad
El hachazo más fuerte lo recibe la enseñanza universitaria, indica Javier Sáinz, portavoz de la Plataforma, donde se registra un recorte del 8,8%, junto a la investigación y desarrollo en educación, con un 11%.
El resumen lo da la evolución temporal 2007-2012, donde la Plataforma considera que queda demostrada la tendencia a favorecer a los centros privados. En este periodo los presupuestos de enseñanzas de régimen general aumentaron un 5% y los conciertos educativos un 40%, lo que genera un «total rechazo». «Queremos que el dinero público sea para la enseñanza pública», señala Sáinz.
