El Parlamento vasco, con los votos de PSE y PP, y la abstención de PNV y UPyD, aprobó ayer la reforma legislativa que endurece los requisitos para solicitar la renta de garantía de ingresos (RGI) y la prestación complementaria de vivienda que va unida a ella. En adelante, la persona con escasos recursos que quiera acceder a esos subsidios tendrá que estar empadronada en Euskadi durante al menos tres año o haber cotizado a la Seguridad Social durante cinco. Y no podrá rechazar un solo curso u oferta de trabajo que le propongan, porque en tal caso perderá la prestación.
La reforma de la Ley de Garantía de Ingresos, que fue rechazada por Aralar, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua, traslada al Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) la gestión de los subsidios, que a partir del 1 de enero quedarán vinculados estrechamente con la inserción en el mercado laboral. De las 55.000 personas que cobran actualmente la RGI, sólo unas 19.000 quedarán excluidas del control de Lanbide, al tratarse de jubilados que cobran parcialmente la renta de garantía como complemento de una pensión baja. «Las administraciones no podemos ser paternalistas, sino protectoras. Dar empleo a quien pueda trabajar y protección y seguridad a quien no pueda hacerlo», repitió la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta
Aralar, sin embargo, se mostró muy crítica con los nuevos criterios establecidos para acceder a los subsidios, que además sufrirán un recorte del 7% en la cuota líquida de cada perceptor. La parlamentaria Aintzane Ezenarro argumentó que, al ser más difícil acceder a la renta de garantía justo cuando la crisis se agrava, el número de beneficiarios caerá y «la pobreza aumentará en la sociedad». Desde su punto de vista, el Gobierno vasco se hastiado «más allá que la extrema derecha navarra», en alusión a la decisión del Ejecutivo foral de aumentar de uno a dos años el requisito de empadronamiento para cobrar subsidios.
El representante de Eusko Alkartasuna, Juanjo Agirrezabala, acusó al Ejecutivo de Patxi López de haber impuesto un tijeretazo presupuestario de los que «tanto gustan al PP». Según sus cálculos, unas 3.500 personas se quedarán sin RGI con los nuevos requisitos. Mikel Arana, de Ezker Batua, criticó «el adelgazamiento del sistema de protección social», mientras que la parlamentaria del PNV Garbiñe Saéz pidió que el traspaso de los subsidios a Lanbide se aplace un año, para no provocar «el caos y la saturación» en ese organismo.
